Nelson Martínez
En un contexto de crisis económica y energética, el actual gobierno ha emitido un paquete de medidas que buscan, modernizar la gestión pública y recuperar la confianza de una ciudadanía golpeada por la incertidumbre. Los Decretos Supremos 5517, 5518 y 5519 no deben verse solo como herramientas económicas, sino como una declaración de intenciones sobre cómo el Estado gestionará su activo más valioso: la información.
El Decreto Supremo 5517, que declara la emergencia energética, contiene una confesión necesaria: revela que el desabastecimiento de combustible estuvo marcado por hechos de corrupción que vulneraron la confianza pública. Ante este escenario, la norma plantea que las medidas excepcionales deben servir para dar "certeza" a la población. Aquí, el acceso a la información pública deja de ser un ideal democrático para convertirse en una herramienta de supervivencia institucional. La transparencia en los procesos de contratación de bienes y servicios en las entidades públicas en los tres niveles del Estado, es una medica crucial para efectivizar una política de acceso a la información.
El cambio más estructural proviene del Decreto Supremo 5519, que traslada las funciones de la extinta ADSIB a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC). Esta centralización busca, según la norma, evitar la duplicidad de funciones y fortalecer la soberanía tecnológica.
Es destacable que se haya modificado el Artículo 7 del DS 2514 para obligar explícitamente a la AGETIC a "fortalecer los procesos de transparencia, acceso a la información pública, participación y control social". Asimismo, la obligación de publicar en línea la información de todos los sistemas, es un avance significativo hacia la transparencia.
No obstante, el acceso a la información encuentra su límite en la seguridad nacional. El mismo DS 5519 introduce la creación del "Despacho Virtual del Presidente", un canal cifrado con altos estándares de protección que busca garantizar la "seguridad y confidencialidad del Estado". Si bien es razonable que las comunicaciones estratégicas estén protegidas, el desafío será garantizar que esta "confidencialidad" no se convierta en una cortina de humo que oculte decisiones que, por su naturaleza, deberían ser de escrutinio público.
La verdadera prueba de fuego será la implementación. El acceso a la información debe dejar de ser una concesión del poder para convertirse en un flujo constante y auditable, especialmente cuando se gestionan crisis que afectan la calidad de vida de todos los bolivianos. La modernización es garantizar que, a través de ellas, el ciudadano pueda vigilar efectivamente a quienes lo gobiernan.