Manuel Morales
Esta es la historia de un plagio tributario.
El gobierno de Rodrigo Paz ha anunciado la creación de un régimen tributario especial: un monotributo aplicado a emprendedores como mecanismo de transición hacia la formalidad (Régimen General de Tributación), que establece el pago bimestral de un impuesto del 5%.
Diversos sectores campesinos y urbanos dedicados a actividades por cuenta propia han expresado su preocupación y demandan mayor información al respecto. Desde ya manifiestan una férrea oposición a esta medida, contemplada en el proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, registrado con el número PL-246/25.
El nuevo esquema impositivo se denomina Régimen SIETE-RG (Sistema Integrado Especial de Transición al Régimen General) y está dirigido a pequeños productores y prestadores de servicios con ventas anuales menores a Bs 400.000. Este régimen establece un pago bimestral del 5% sobre el ingreso bruto.
Según la página de Impuestos Nacionales, los nuevos contribuyentes inscritos podrán emitir facturas, lo que permitirá que restaurantes, hoteles, empresas de construcción, comercios y otros sectores accedan al crédito fiscal al contratar sus servicios. De esta manera, se busca ampliar los beneficios dentro de la cadena formal de la economía e incentivar la contratación de proveedores formalizados.
En términos prácticos, esto significa que un productor campesino que produce y vende 100 sandías deberá entregar al sistema impositivo el equivalente al valor de 5 sandías. Sin embargo, el sector del agronegocio permanecerá resguardado en el Régimen Agropecuario Unificado (RAU), ya que no existe un mecanismo de transición similar para sectores empresariales con ingresos superiores a los 400.000 bolivianos anuales.
Actualmente, los regímenes especiales han sido creados bajo normativa específica para agrupar a pequeños contribuyentes, tales como comerciantes minoristas, artesanos, vivanderos, transportistas propietarios de uno o dos vehículos y personas con actividades agropecuarias. Estos regímenes se subdividen en tres categorías: el Régimen Tributario Simplificado (RTS), el Sistema Tributario Integrado (STI) y el Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Debido a la naturaleza de sus actividades y su regulación específica, estos contribuyentes no emiten facturas y cuentan con procedimientos diferenciados de tributación.
El sector campesino y el agronegocio coexisten actualmente bajo el RAU, que establece un pago anual basado en la propiedad de la tierra y que equivale apenas al 0,04% de la recaudación tributaria, es decir, una contribución mínima. Lo llamativo de la propuesta del gobierno de Rodrigo Paz es que busca promover —e incluso forzar— la salida del sector campesino del RAU para incorporarlo al SIETE-RG bajo el argumento de la formalización, mientras el agronegocio permanece en el mismo régimen con una carga impositiva simbólica.
En otras palabras, las pequeñas economías que generan menos de 400.000 bolivianos al año deberán emitir facturas y pagar impuestos, mientras que sectores agroindustriales y pecuario —como el oleaginoso, sucroalcoholero, ganadero y avícola—, con altos ingresos y capacidad de exportación, continuarán beneficiándose de un régimen de baja carga tributaria.
La creación del SIETE-RG en reemplazo del RAU para campesinos no es una iniciativa original del gobierno de Rodrigo Paz. Se trata, en realidad, de una medida previamente elaborada durante el gobierno de Jeanine Añez, mediante el Decreto Supremo Nº 4298 del 24 de julio de 2020, que creó el “Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG)”. Este régimen consolidaba el pago del IVA, el IT y el IUE en un monotributo aplicable a emprendedores en proceso de formalización.
Dicho decreto establecía, entre otros aspectos, la migración voluntaria de los contribuyentes de regímenes especiales al SIETE-RG, el pago bimestral de un monotributo equivalente al 5% de las ventas brutas y la obligación de emitir facturas autorizadas por la Administración Tributaria.
El Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, presentó el proyecto de “perdonazo tributario” y la creación del SIETE-RG junto a Rodrigo Paz el 19 de febrero de 2026, en un encuentro empresarial en Cochabamba, sin reconocer la autoría previa de esta medida. Esta omisión plantea cuestionamientos éticos respecto a la atribución de la propuesta.
Cabe recordar que el Decreto Supremo N.º 4298 no llegó a implementarse durante el gobierno de Jeanine Añez y posteriormente fue abrogado por el gobierno de Luis Arce mediante el Decreto Supremo N.º 4416, de fecha 9 de diciembre de 2020.
En este contexto, resulta cuestionable la creación del SIETE-RG como mecanismo para desplazar a los campesinos del RAU bajo el argumento de la formalización, mientras se mantiene al agronegocio dentro de un régimen de baja tributación. A ello se suma la controversia sobre el origen de la medida, presentada sin el debido reconocimiento a su antecedente, es plagio, una idea ajena presentada como propia sin dar crédito al autor original.
17 de marzo de 2026