Por Casey Cagley
La semana pasada, pobladores del municipio rural de La Asunta, en el departamento de La Paz, quemaron maquinaria minera pesada y retuvieron cerca de 15 camiones y excavadoras que supuestamente pertenecían a intereses mineros auríferos de origen chino. El domingo, los dirigentes comunitarios declararon personas non grata a los ciudadanos chinos que se encuentren en la zona y se comprometieron a mantener decomisado el equipo confiscado. Hoy en día, Bolivia suele ser vista desde el exterior como una fuente de «oro blanco», el litio. Sin embargo, el oro dorado desempeña un papel cada vez más crucial en la economía boliviana, y lo ocurrido en La Asunta es ilustrativo del preocupante nivel de tolerancia del Estado hacia la minería ilegal del oro.
El oro representa un impactante 80 por ciento de los cerca de 4.200 millones de dólares en reservas internacionales de Bolivia. Las cooperativas mineras son los actores principales en la industria aurífera del país y producen alrededor de 99 por ciento del oro nacional. Su peso político y su capacidad de movilización les permitieron asegurar una tasa de regalía del 2,5 por ciento sobre su producción, así como la exención del impuesto a las utilidades a través de una ley promulgada en 2014, durante la gestión de Evo Morales. Gracias a este marco, un sector que produjo alrededor de 25.000 millones de dólares en los últimos cinco años aportó apenas 617 millones de dólares al tesoro público. La clave para que estos mineros «artesanales» logren extraer semejantes volúmenes radica en la participación de empresas chinas que proveen maquinaria pesada y financiamiento. Aunque la ley prohíbe expresamente que entidades extranjeras posean concesiones cooperativas, estas subalquilan sus operaciones a las firmas chinas, las cuales se quedan con hasta el 70 por ciento de lo extraído.
Investigaciones de la revista Mongabay han sacado a la luz cómo el dragado descontrolado de los lechos fluviales provoca erosión severa, inundaciones y contaminación. Bolivia se ha consolidado como el principal centro del tráfico de mercurio en Sudamérica, en parte porque la mayoría de sus vecinos ha prohibido o regulado estrictamente su importación. El uso indiscriminado de mercurio genera un impacto devastador en las cuencas hidrográficas, la fauna silvestre, las comunidades indígenas y las áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi. Las cooperativas, especialmente las que operan en zonas protegidas, intentan mantener el tema bajo reserva; en 2022, llegaron al extremo de amedrentar con violencia y expulsar a la senadora Cecilia Requena mientras realizaba una inspección de fiscalización en el Madidi.
En teoría, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es la entidad encargada de la fiscalización. Sin embargo, la aplicación de la ley es laxa. Comunarios de La Asunta afirman que la AJAM ignoró desde mayo sus peticiones para intervenir las operaciones financiadas por capitales chinos. Diversas voces críticas señalan que ya es habitual que las autoridades reaccionen únicamente cuando la violencia se desborda. Por su parte, la AJAM sostiene que el conflicto se reduce a una disputa local entre comunidades y recuerda que «los contratos privados entre actores locales y entidades extranjeras son ilegales». Caso cerrado.
Mientras investigaba las últimas novedades sobre el tema, noté que el Ministerio de Minería y Metalurgia mantiene en LinkedIn una entusiasta infografía de inversión que promociona el potencial minero de Bolivia en el exterior, al tiempo que ignora el fraude fiscal estructural en casa: «Invertir hoy para construir el futuro minero de Bolivia». Esta campaña (dejando de lado su estética de baja calidad generada por inteligencia artificial) resulta un llamado a la acción profundamente engañoso, considerando la desventaja estructural que enfrentaría cualquier empresa seria en el país, así como la anarquía generalizada que rodea a la industria.
La crisis de liquidez que atraviesa Bolivia y su dependencia del oro no pueden justificar la negligencia del Estado frente a la minería ilícita. Tampoco pueden justificar la destrucción continuada e irreversible de los ecosistemas fluviales ni la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, las vías navegables y los ingresos tributarios. Si el gobierno habla en serio sobre atraer inversiones de alta calidad, debe sentarse a negociar formalmente para reducir o eliminar los privilegios tributarios de las cooperativas y transparentar sus operaciones. El primer paso debe ser aplicar la prohibición existente sobre los subcontratos ilegales y fiscalizar con rigor el uso y comercio del mercurio.
Casey Cagley es politólogo y consultor de la firma Red Telescope Global, con sede en Seattle, Estados Unidos.