Por Casey Cagley
Bolivia cumple más de 40 días paralizada por bloqueos y protestas que no dan tregua. Más allá del devastador impacto económico, la inseguridad alimentaria y la crisis sanitaria que asfixian nuestros hogares, la extrema concentración de este conflicto en La Paz expone una vulnerabilidad estructural insostenible: la de mantener la sede del gobierno nacional confinada en un valle andino fácilmente estrangulable. Esta crisis reaviva un debate histórico que hoy vuelve con fuerza: la relocalización del poder político.
Sitiar La Paz no es una innovación de la política moderna; es una táctica de asfixia diseñada hace siglos. Ya en 1781, el líder Aymara Túpac Katari, junto a Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, movilizó a miles de combatientes para cercar la ciudad colonial, cortando el ingreso de alimentos y pertrechos durante meses.
En la historia reciente, esta misma receta de estrangulamiento resurgió tras las cuestionadas elecciones de 2019. Desde su exilio en México, el expresidente Evo Morales instruyó de forma explícita a sus bases radicalizar el ahogamiento de la capital. La frase filtrada en un audio al dirigente cocalero Faustino Yucra —y ampliamente registrada por medios internacionales— aún resuena con crudeza en la memoria urbana: “Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”.
A medida que el conflicto actual se prolonga, la brecha entre la vida en el altiplano y la realidad de regiones como Santa Cruz, Tarija o Beni se hace más profunda. La narrativa de confrontación regional "colla vs. camba" se vuelve inevitable.
Sin embargo, detrás de la retórica identitaria subyace un problema institucional de fondo: la extrema susceptibilidad de La Paz a ser «capturada», tanto en el sentido literal como figurado, por intereses corporativos y sectoriales sumamente estrechos que paralizan las funciones esenciales del Estado a su antojo. A este secuestro de la toma de decisiones se suma una realidad material ineludible: el centro de gravedad demográfico y económico de Bolivia se va desplazando definitivamente hacia el oriente. Santa Cruz no solo es hoy el departamento más poblado del país, sino el motor agroindustrial indispensable que alimenta a la nación. Esta profunda asimetría —donde el músculo productivo se desplaza de forma irreversible hacia el oriente mientras el poder político sigue secuestrado en la hoyada paceña— hace que la gobernabilidad de todo el territorio nacional penda de un hilo.
El debate ya no se esconde en los pasillos académicos. El mes pasado, el exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho extendió un claro ofrecimiento de apoyo y gobernabilidad al presidente Rodrigo Paz Pereira en caso de un desenlace forzado en La Paz: “Si a usted el día de mañana lo quieren tumbar, tiene Santa Cruz para gobernar”. Por su parte, la concejala paceña Casimira Lema reflejó el agotamiento de la ciudadanía paceña ante el asedio constante: “Es un tema que tendrán que analizar las autoridades competentes... La verdad es que, al ver cómo está la situación en La Paz, siempre somos los más castigados... Entonces, yo creo que no sería una mala idea [trasladar la sede]”. Desde el flanco legislativo, la diputada departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, resumió la frustración de las regiones productivas frente a un centro político rehén de corporativismos: “Bolivia no puede retroceder al caos o la imposición de intereses particulares”.
Aunque un traslado definitivo de la sede de gobierno parece inviable a corto plazo, ensayar algunos escenarios hipotéticos nos permite entender la fragilidad de nuestro pacto estatal:
El traslado de emergencia al estilo ecuatoriano. Imaginemos que, ante una plaza Murillo cercada por la dinamita y con el aeropuerto de El Alto bloqueado, los disturbios se salen de control y se registran duros enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes en los alrededores de Sopocachi y Calacoto. Ante la inminente toma física de los edificios gubernamentales, el presidente Paz y sus ministros evacúan la Casa Grande del Pueblo en helicóptero. Tras aterrizar en Santa Cruz, Paz ofrece una conferencia de prensa de emergencia, flanqueado por su gabinete de ministros —sin la presencia del vicepresidente Lara, quien decide quedarse en La Paz— y el alto mando militar para declarar el estado de sitio o de excepción nacional. Sería un calco de lo que hizo Lenín Moreno en Ecuador en 2019 al huir de Quito hacia Guayaquil. En Bolivia, este movimiento detonaría una crisis de legitimidad terminal. El gobierno sería acusado de consumar un "golpe oligárquico" contra el occidente indígena. Si el país es ingobernable desde La Paz, gobernar el occidente desde Santa Cruz sería una quimera que profundizaría la fractura social de forma irreversible.
El retorno histórico a Sucre. Una resolución que devuelva los poderes Ejecutivo y Legislativo a la capital constitucional, Sucre (de donde salieron tras la Guerra Federal de fines del siglo XIX), se presentaría como un acto de justicia histórica. No obstante, no resolvería los problemas logísticos. Sucre padece de una vulnerabilidad conectiva similar a la de La Paz y es igualmente propensa a quedar aislada por bloqueos camineros en los accesos chuquisaqueños, sin mencionar la colosal resistencia social que esta medida provocaría en las poblaciones de La Paz y El Alto.
Proponer el traslado del poder político en plena tempestad suena descabellado y logísticamente imposible. Sin embargo, cada jornada que pasa con una sede de gobierno desabastecida, sin combustible ni alimentos, reduce el umbral de lo que antes considerábamos impensable. De no resolverse de raíz la vulnerabilidad de La Paz, esta crisis habrá sembrado la semilla para que las demandas de federalismo extremo, o incluso de abierta secesión, dejen de ser consignas de cabildo y se conviertan en proyectos políticos de supervivencia regional.
*Casey Cagley es politólogo y consultor de la firma Red Telescope Global, con sede en Seattle, Estados Unidos.