Juana Maturano Trigo
Julia una mujer boliviana que junto a su pareja había constituido su hogar en una comunidad de Macha – Potosí, tiene apenas 22 años y es madre de 3 hijos pequeños. Ella tuvo que huir de su hogar por la violencia constante en la que vivía no solo ella sino también sus pequeños. Julia, cargada de su hija mejor de apenas meses de nacida tuvo que caminar en su huida al menos tres horas para encontrar un medio de transporte con destino a Sucre. La víctima de violencia no solo cargaba a su niña pequeña en la espalda sino mucho miedo e incertidumbre porque no tenia a quien acudir ni donde llegar en la ciudad a la que se dirigía. En sus relatos en su idioma nativo el quechua, revela detalles dramáticos de situaciones de violencia de la que era víctima junto a sus hijos por parte de su pareja - su agresor. En medio de su soledad e incertidumbre, además del dolor de haber dejado a sus otros dos hijos con su agresor, tuvo la suerte de encontrarse en el camino con otra mujer, una joven madre y modelo muy popular en las redes sociales, Marcela Ugalde Asillanes, más conocida como “La Perla Potosina”, quien ha hecho público el caso y ayudó a Julia hasta la apertura del caso de violencia en la justicia, la otorgación de las medidas de protección y el rescate de sus niños para permanecer con la madre alejados del agresor, con la intervención de las instancias competentes que actuaron solo cuando el caso se hizo viral y público.
Así la violencia familiar o doméstica es el tipo de violencia más frecuente que registra el Ministerio Público en Bolivia, sobrepasando el 70% de casos y correspondiendo el 25% a delitos contra la libertad sexual, siendo lugares de predominio de la violencia, los propios hogares y entornos familiares de las víctimas. Si bien, estas cifras representan principalmente a la población citadina, la vida de las mujeres en las comunidades rurales no es la excepción sino es aún peor, dado que la violencia hacia la mujer es una cuestión incluso cultural tan enraizada al interior de las familias del campo, por cuanto, las denuncias provenientes de las comunidades rurales representan porcentajes mucho menores que las reales.
Siendo la violencia una consecuencia directa del machismo ejercido y replicado principalmente por varones pero también practicado por las propias mujeres en el área rural, deja a las víctimas en una situación desigual frente a sus parejas o esposos, donde las decisiones no tienen la misma autoridad ni fuerza entre ellas, prevaleciendo la decisión unilateral del varón incluso muchas veces inconsulta a la mujer en asuntos que incumben a la familia, la propiedad, la economía y los hijos. Hay un jefe de hogar que es el varón. Es él quien toma las decisiones y los hijos deben obedecer incluida la esposa. Es como si la mujer tuviera una situación de minoridad en su intervención y decisiones, vale decir, pasa por la validación del esposo o pareja, pero no ocurre lo mismo a la inversa. Consecuentemente, es notoria la relación desigual, sumisa y de dependencia que habitualmente tiene la mujer frente a su pareja; por ello, los esposos en los caminos de las comunidades no caminan juntos, es el varón quien va por delante y algunos metros atrás está la mujer siguiéndolo.
De ahí que, a la hora de verificar la procedencia de casos de violencia en estadísticas, se puede advertir que si una mujer víctima de violencia que tiene a su alcance medios e instancias de denuncia en ciudades capitales y ciudades intermedias, tiene dificultades para tomar la decisión de denunciar a su agresor por múltiples razones entre ellas por estar atemorizada, por su dependencia económica, la falta de autonomía de decisión por su baja autoestima e inseguridad fruto de la violencia sufrida; una mujer en el área rural tiene hasta un doble o triple problema que le sitúa en una desventaja mayor para hacer frente a su agresor y salir de ese ciclo de violencia. Su primer problema radica en el poco o nulo conocimiento de sus derechos y los mecanismos limitados para hacerlos valer. Por otro lado, existe una débil institucionalidad estatal que asista y acompañe a las víctimas en su proceso de denuncia, debido a que en las provincias y comunidades rurales no existe la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELCV, tampoco existe asistencia legal gratuita del estado y lo único que existe es el Servicio Legal Integral para la Mujer SLIM dependiente del municipio que en la mayoría de los casos se trata de un solo abogado con múltiples responsabilidades como la asesoría al alcalde y el municipio, que pocas veces cuenta con el equipo multidisciplinario como un o una trabadora social y psicólogo. Y aquí es importante detenerse contrastando el caso de JULIA; ya que, el SLIM dependiente de la autoridad municipal y responde a ésta autoridad, y los profesionales de estas unidades, con salvadas excepciones, no necesariamente tienen la experticia ni el compromiso suficiente con los casos de violencia para resguardarle de manera oportuna y adecuada, ese derecho en riesgo o ya vulnerado de la víctima. Un claro y triste ejemplo fue, escuchar al Alcalde de Macha en el caso de Julia, la máxima autoridad de su municipio que minimizó el hecho señalando que la supuesta víctima no tenia ninguna afectación y que probablemente volvería con su pareja, respaldó al agresor y culpabilizó a Perla Potosina de estar propiciando el rompimiento de una familia y exagerar la situación por haber ayudado a la víctima. Y si ésa es la postura de la máxima autoridad del Municipio, ¿qué podrían hacer los funcionarios dependientes del Alcalde que trabajan en el SLIM por esa víctima?.
En ese mismo orden de cosas, en los pueblos existen familias, apellidos o grupos dominantes que tienen influencias o nexos claros con las autoridades e instituciones locales, los cuales, en vez de coadyuvar a la víctima, favorecen al entorno agresor, minimizando o invisibilizando la situación, dejando en una total indefensión a las víctimas frente a la poca colaboración que éstas aspiraban tener. Y por si fuera poco, la cultura de la violencia contra la mujer naturalizada en el cotidiano de nuestras comunidades, tiene otros mecanismos e instancias de resolver sus problemas incluida las familiares, y para ello se tiene a los padrinos, padres o suegros, las personas mayores o finalmente las autoridades originarias; para todos ellos, lo primero es conservar la familia sin importar nada menos la violencia que es totalmente naturalizada y muchas veces hasta ponderada porque muestra “supuestamente” la autoridad del varón en la familia, considerando que la mujer debe obedecer al esposo, debe atender al mismo hasta comprender cualquier mal comportamiento o agresiones, ya que la mujer desde su nacimiento “corre con esa suerte o nació para sufrir”. Todo esto podría ser No creíble para muchos, pero muy conocida y natural para otros. Lo cierto es que la violencia de género en nuestras comunidades, tiene rostro de Julia porque nuestras mujeres tienen ese rostro triste, sufrido, sacrificado y resignado. Mientras que los agresores están unidos en su cultura machista para naturalizar e invisibilizar o hasta subestimar la violencia como algo inexistente y menos como un hecho punible.
Es de ponderar entonces, el triste caso de Julia y su valentía para buscar ayuda no solo para ella sino para sus niños, porque gracias a este caso que se hizo público y de manera masiva, se pudo desnudar los altos niveles de violencia de género existente en las comunidades rurales de nuestro país. Así también se pudo develar, la débil o nula protección y asistencia del estado a mujeres víctimas de violencia incumpliendo la Constitución y los diferentes convenios internacionales de derechos humanos que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia. Queda sin duda, una ardua tarea para las diferentes instancias estatales: que las legislaciones tengan una mirada integral de país, no solo una mirada citadina sino también respondan a las realidades del área rural y la urgente implementación de políticas gubernamentales para encarar esta problemática social tan lacerante para las mujeres víctimas de violencia.