Nelson Martínez Espinoza
Han transcurrido 36 años desde la primera marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas rumbo a la sede de gobierno. En ese tiempo, no solo se han acumulado kilómetros, sino que se ha consolidado una verdadera institución política.
En 1990, la primera movilización, denominada “Por el territorio y la dignidad”, no fue simplemente una caminata de 640 kilómetros protagonizada por 300 indígenas. Fue el inicio de un llamado nacional que sentó las bases de una acción colectiva de carácter político en favor de un sector históricamente invisibilizado por los gobiernos de turno.
Las voces de los pueblos amazónicos se hicieron escuchar en defensa de sus derechos ancestrales, del reconocimiento de su identidad cultural, de la vida y del territorio.
Detrás de cada marcha, los logros obtenidos se tradujeron en transformaciones estructurales para el país: leyes, políticas públicas y, sobre todo, una lección persistente de dignidad.
Las movilizaciones de los pueblos de tierras bajas lograron, por ejemplo, el reconocimiento del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como espacio de los pueblos mojeño, sirionó, yuracaré y chimán, además de frenar nuevos asentamientos en áreas protegidas.
La marcha de 1996 impulsó la promulgación de la Ley INRA y sus reglamentos, fundamentales para el saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Posteriormente, la marcha “Por la tierra, el territorio y los recursos naturales”, que partió desde Montero, en Santa Cruz, derivó en la creación del Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas y Originarios.
En 2002, la cuarta marcha, “Por la Asamblea Constituyente”, instaló en la agenda nacional la necesidad de garantizar derechos sobre los recursos naturales, la tierra y el territorio. Esa demanda fue la semilla que germinó en la Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada en 2009.
En 2006, la marcha “Por la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” logró, tras un cerco al Parlamento, la aprobación de la ley de tierras. Un año después, en la movilización “Por la Nueva Constitución”, los pueblos indígenas exigieron el reconocimiento de las naciones originarias y su participación en todos los niveles del Estado, demandas que quedaron plasmadas en el nuevo texto constitucional.
La séptima marcha, “Por el territorio, las autonomías y los derechos” (2010), centró sus demandas en la dotación de tierras fiscales, la flexibilización de requisitos para autonomías indígenas y la institucionalización de la consulta previa.
Uno de los hitos más críticos fue la marcha “Por la defensa del TIPNIS” (2011), que buscó frenar la construcción de una carretera en medio del territorio indígena. La movilización estuvo marcada por la represión policial en Chaparina, un episodio que significó un punto de quiebre en la relación entre el movimiento indígena y el gobierno del Movimiento al Socialismo, generando un amplio rechazo social.
En 2012, la novena marcha, “Por la defensa del TIPNIS y la vida”, exigió el cumplimiento de la Ley 180 y la abrogación de la Ley 222, que pretendía eliminar la intangibilidad del TIPNIS. Este último objetivo no fue alcanzado.
La movilización de 2019, “Contra las quemas y el avasallamiento”, denunció los incendios forestales y cuestionó normas que permitían quemas controladas en Santa Cruz y Beni, además de llevar el caso ante instancias internacionales de defensa de la naturaleza. Años después, en 2024, el Senado aprobó la abrogación de las denominadas “leyes incendiarias”.
En 2021, la undécima marcha, “Por el territorio, identidad y cultura”, demandó el respeto a las conquistas históricas, el cese de los avasallamientos, el acceso a salud y educación y la garantía de autodeterminación.
Hoy, la llegada a La Paz de la duodécima marcha, “Contra la Ley 1720”, tiene un objetivo concreto: la derogación de una norma que permite la conversión de pequeña propiedad en mediana propiedad bajo el argumento de modernización y acceso a crédito. Esta propuesta ha generado un amplio rechazo entre comunidades indígenas y campesinas.
Este recorrido histórico muestra con claridad que la agenda del país, en buena medida, ha sido marcada por las marchas de los pueblos indígenas de tierras bajas. Muchas de sus demandas se tradujeron en políticas públicas que beneficiaron no solo a estos sectores, sino al conjunto de la sociedad.
La expectativa actual es alta. La llegada de esta nueva movilización ocurre en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por el incremento en el precio de los carburantes, la pérdida adquisitiva del salario, los conflictos ocasionados por la gasolina de mala calidad, la convocatoria de la COB a un paro general y la marcha de los maestros. Como en otras ocasiones, el desenlace dependerá de la capacidad del gobierno para escuchar —o no— a quienes, desde hace 36 años, han hecho de la marcha un instrumento pacífico para transformar el país.