Manuel Morales Alvarez
El Presidente Luis Arce, su Vicepresidente David Choquehuanca y sus colaboradores han logrado el máximo record de ataques al medio ambiente, a los derechos humanos y a la biodiversidad, impulsado por su conducta felona y ecocida. Voy a explicar mi punto de vista.
Más de 10 millones de hectáreas de bosques y áreas no boscosas quemadas; el bloqueo en el parlamento para no abrogar todo el paquete de normas incendiarias; la aprobación irregular para la introducción de la Soya Intacta y la Soya HB4 (transgénicas y de alto riesgo y peligro biológico, contra la salud y el medio ambiente); el incumplimiento de su Decreto Supremo Nº 4490 que abrogó normas del Gobierno de Añez que autorizaban el ingreso de soya transgénica con procedimiento abreviado; la autorización de importación con arancel cero de agroquímicos vulnerando toda forma de regulación de los mismos a sabiendas del grave daño ambiental y a la salud humana que están ocasionando especialmente en el Departamento de Santa Cruz; la jugada del financiamiento climático; la suspensión de las sanciones a predios ganaderos y otros involucrados en los incendios; la corruptela de máximas autoridades del despacho de medio ambiente agua y desarrollo rural-tierras; la tolerancia al hup del mercurio y el inmenso daño ambiental y a la salud humana generada en las zonas auríferas de Bolivia y los países vecinos.
Son tantas las felonías ecocidas del gobierno de Luis Arce, que merecen ser explicadas con detalle, y si bien ya lo hice en otros artículos de opinión, deseo concentrarme –ahora- en la “jugada del financiamiento climático”.
Resulta que el senador evista de Pando ErmenegildoLlavera Chusgointerpone acción de inconstitucionalidad abstracta delart. 32.5 de la Ley 300 de 15 de octubre de 2012 –Ley Marco de la Madre Tierra yDesarrollo Integral para Vivir Bien–, por ser presuntamente contrario a los arts.33, 34, 47.I, II y III, 256.I y II, 308.I y II, 342, 343, 346, 347.I y II, 410.I y II yDisposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado (CPE); 5.1del Acuerdo de París y 3.10, 11 y 12 del Protocolo de Kyoto. En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024, 19 de junio de 2024, los magistrados autoprorrogados René Yván Espada Navía, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado(Disidente), MSc. Isidora Jiménez Castro y Dr. Petronilo Flores Condori, declaran la INCONSTITUCIONALIDAD de lafrase “…estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales delos componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos definanciamiento asociados a los mercados de carbono”contenida en el art. 32.5 de laLey 300 de 15 de octubre de 2012 –Ley Marco de la Madre Tierra y DesarrolloIntegral para Vivir Bien. Cuatro meses después, el gobierno de Arce aprueba el Decreto Supremo N° 5264 que establece lineamientos para la gestión y acceso al financiamiento climático, donde las instituciones del Estado podrán captar el “flujo de recursos, a través de diferentes fondos, mecanismos, instrumentos u otros, destinados a la reducción y/o remoción de gases de efecto invernadero mediante programas y/o proyectos que contribuyan a la mitigación; la adaptación y otros vinculados al cambio climático”.En el marco del Decreto Supremo Nº 5264 se constituirán en fuentes de financiamiento climático los diferentes mecanismos e instrumentos internacionales como los Fondos, Donaciones, Créditos, la Cooperación por Resultados, Canje de Deuda por Naturaleza y/o por Acción Climática, y otros que se enmarquen en el ordenamiento jurídico vigente. Todo esto incluye los “bonos de carbono”.
Aquí se observa dos elementos importantes. En primer lugar, la acción convergente entre senadores de Pando del ala Evista para anular la protección de la Ley 300 hacia la “mercantilización” de la madre tierra, el accionar de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Gobierno de Arce con su Decreto Supremo para beneficiarse del financiamiento climático. En segundo lugar, los hechos reales y objetivos que demuestran el accionar ecocida con las quemas y la política ambiental del Gobierno de Luis Arce y su obsesión por obtener dinero de fondos climáticos cuando tiene el peor desempeño en la protección de la madre tierra.
Se trata de una jugada en pos del financiamiento climático mientras el país se incendia y se produce los mayores índices de contaminación del aire. Así el mismo Ministerio de Salud y Deportes ha señalado que durante los incendios se han producido altos índices de contaminación ambiental en varias regiones del país, se ha emitió Alerta Sanitaria Nacional, con acciones recomendadas para reducir la exposición al aire contaminado y de esta manera precautelar la salud de la población.Analizando los datos del índice de calidad de aire, hemos pasado de manera muy pronta a una contaminación bastante elevada y hemos ido subiendo la franja de contaminación de un índice de malo a muy malo y se llegó a extremadamente malo.
El gobierno de Luis Arce, el peor de la historia de Bolivia en materia ambiental, en laCumbre de la Amazonía en Belém, fue uno de los pocos que se resistió a fijar la deforestación cero en la Amazonía como meta para 2030, así de forma artera se orienta a captar el “financiamiento climático internacional” cuando en los hechos ha propiciado el mayor ecocidio.
4 de noviembre de 2024