Manuel Morales
Rodrigo Paz prometió no endeudar al país. El país se endeudó como nunca. Prometió no acudir al FMI. El FMI le prestó 1.900 millones y negocia 5.000 más. Prometió ordenar la casa. La casa está hipotecada. La “Deudagobierno” no es una traición calculada ni un plan secreto; es algo más simple y más triste: es el triunfo de la realidad sobre la retórica electoral. Paz llegó al gobierno prometiendo que la “platita” alcanzaba. Descubrió que no alcanzaba. Y ahora hace exactamente lo que criticó: extender la mano, pedir créditos y endeudar al país.
La metamorfosis no se explica solo por el pragmatismo de un presidente que descubre que gobernar es más caro que prometer. Lo que ocurre en Bolivia tiene nombre teórico y apellido histórico. Para entenderlo hay que mirar la deuda no como una simple cifra, sino como un mecanismo que combina varias dinámicas conocidas por la economía.
La teoría más directa para describir lo que ocurre en Bolivia es la del financiamiento Ponzi, formulada por Hyman Minsky en 1986. Según esta, un deudor entra en un esquema Ponzi cuando solo puede hacer frente a sus compromisos de deuda asumiendo más deuda. Los regímenes Ponzi son insostenibles por definición, pero pueden durar mientras el crédito siga fluyendo. Esto es exactamente lo que describe el patrón boliviano: el préstamo de la CAF por 550 millones de dólares se destinó en un 78% a pagar deuda flotante de gobernaciones y municipios, y el 90,3% de los desembolsos del primer semestre de 2026 fue a apoyo presupuestario y liquidez. No hay un activo subyacente que respalde esa deuda; es deuda sin contrapartida de inversión, que es precisamente la característica definitoria del financiamiento Ponzi en la obra de Minsky. La diferencia con un Ponzi clásico es que aquí el “inversionista” es el FMI, la CAF o el BID, y el “rendimiento” que se les paga son intereses que se financian con nuevos préstamos de las mismas instituciones. El esquema funciona mientras alguien siga prestando.
A esta dinámica se suma la dominancia fiscal. Thomas Sargent y Neil Wallace demostraron en 1981 que, cuando la política fiscal es dominante sobre la monetaria, el banco central pierde autonomía y la deuda pública termina determinando el nivel de precios y la inflación. En regímenes de dominancia fiscal, el gobierno no ajusta el gasto ni los impuestos para financiar la deuda; simplemente la refinancia o la monetiza, forzando al banco central a emitir o a perder reservas. Bolivia está en un régimen de dominancia fiscal pura: el déficit fiscal supera el 9% del PIB, el gobierno contrata deuda externa a ritmo récord -14.357,7 millones de dólares al primer semestre de 2026- y el Banco Central ha perdido capacidad de defender la moneda. La “aritmética monetarista desagradable” de Sargent y Wallace predice exactamente lo que Bolivia vive: la deuda de hoy implica inflación o default mañana, porque no hay superávits primarios que la respalden.
La teoría de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno establece que, en valor presente, un gobierno no puede gastar más de lo que recauda. Formalmente, el valor descontado de los gastos no puede exceder el valor descontado de los ingresos menos el stock actual de deuda neta. La condición de no-Ponzi -derivada de esta restricción- exige que la deuda no crezca indefinidamente a una tasa superior a la tasa de interés. Bolivia viola esta condición. La deuda pública ya supera el 100% del PIB (deuda interna y externa) y sigue creciendo, mientras la economía se contrae. Como señala el propio BCB en sus análisis de sostenibilidad, la deuda es sostenible solo si el valor presente de los superávits primarios futuros es igual o superior al saldo actual de la deuda. En Bolivia no hay superávits primarios: hay déficits gemelos -fiscal y externo- financiados con más deuda. Es la definición matemática de insostenibilidad.
No menos importante es el efecto de sobreendeudamiento o debt overhang. La teoría sostiene que cuando la deuda es muy alta, la inversión se desincentiva porque los beneficios marginales de invertir irían a los acreedores, no al deudor. En el caso boliviano, esto explica por qué la inversión pública y privada se desploman: ¿para qué invertir si los frutos se destinarán a pagar deuda? A esto se suma el efecto crowding out, documentado para Bolivia: el gobierno, al endeudarse masivamente para financiar gasto corriente, expulsa al sector privado del mercado de crédito y encarece las tasas de interés. El resultado es una economía donde el Estado absorbe todo el crédito disponible para pagar sueldos y deudas, mientras la inversión productiva se marchita.
Hay incluso un marco jurídico y moral para leer esta situación: la doctrina de la deuda odiosa, formulada por Alexander Sack en 1927, establece que una deuda es odiosa -y por tanto nula- si fue contraída contra los intereses de la nación o del pueblo, sin su consentimiento. El Comité para la abolición de las deudas ilegítimas CADTM y otros organismos han aplicado este marco al caso boliviano, señalando que una quinta parte de la deuda de los países subdesarrollados puede considerarse odiosa. El caso boliviano presenta elementos que encajan: la deuda se contrata para pagar deuda flotante y gasto corriente, no para beneficio del pueblo; el pueblo no consiente esos préstamos; y el gobierno que los firma no fue elegido con un mandato específico para endeudar al país de esta manera. La deuda no beneficia a los bolivianos, beneficia a los acreedores y a la burocracia que la administra.
Finalmente, existe una tradición que analiza la deuda no como un instrumento neutral sino como un mecanismo de subordinación. Thomas Millington, en su estudio sobre Bolivia, argumenta que la incapacidad histórica de los estados latinoamericanos para financiar su deuda interna los volvió dependientes del crédito externo, creando una relación de subordinación que persiste hasta hoy. En el caso de Paz, esta dependencia se profundiza: Bolivia no solo depende del crédito externo para financiar su déficit, sino que la estructura de esos créditos —apoyo presupuestario, liquidez, pago de deuda flotante— condiciona la política económica interna. Los acreedores no exigen reformas estructurales visibles, pero imponen una condición de facto: el país debe seguir endeudándose para no colapsar. Es la trampa de deuda en su forma más pura.
Y mientras todo esto ocurre, el anuncio estelar del gobierno -el 50/50 con las regiones- sigue en el limbo de los discursos. El propio oficialismo reconoce que el esquema requiere una nueva Ley Marco de Autonomías y un Pacto Fiscal que aún no existen. La evidencia más contundente de que el 50/50 no está operativo es el destino del préstamo de la CAF por 550 millones de dólares: el 78% se destinó a pagar deuda flotante de gobernaciones y municipios, pero ese dinero nunca pasó por las cuentas de las regiones. No lo administraron los gobernadores. No decidieron los municipios. El nivel central se endeudó para pagar las deudas de las regiones, y luego les dijo: “Ya ven, el 50/50 avanza”. Es el equivalente financiero de pagar la hipoteca del vecino a tu nombre y luego decirle que están construyendo juntos una casa nueva. La casa no existe, pero la deuda en tu nombre sí.
El “Deudagobierno” de Paz es la combinación de todas estas dinámicas: un esquema Ponzi que opera bajo dominancia fiscal, viola la restricción intertemporal, genera debt overhang, expulsa la inversión privada y reproduce la dependencia histórica de Bolivia del crédito externo. La teoría no solo lo explica; lo predice. Y la predicción es la misma que la historia boliviana ha confirmado dos veces en el siglo XX: cuando la deuda se vuelve impagable, el ajuste llega. La única pregunta es quién lo paga. Paz prometió no endeudar al país. El país se endeudó como nunca. Prometió no acudir al FMI. El FMI le prestó 1.900 millones y negocia 5.000 más. Prometió ordenar la casa. La casa está hipotecada.