Manuel Morales Alvarez
La Cámara Agropecuaria del Oriente CAO ha realizado el Foro Agropecuario con Candidatos Presidenciales, Samuel, Tuto y Manfred, dando nacimiento a un nuevo pacto corporativo en torno a los intereses particulares del sector agropecuario cruceño por encima de los problemas e intereses nacionales en torno a la producción de alimentos, que día a día que pasa se convierte en una crisis alimentaria y ambiental que crece, donde la inflación de los precios de alimentos golpea los bolsillos de los hogares bolivianos; donde los déficits productivos son evidentes como la incapacidad de producir trigo y maíz de forma suficiente; donde las importaciones de alimentos e insumos agropecuarios erosionan todo concepto mínimo de soberanía alimentaria,
Me permito comentar los compromisos que asumieron los candidatos presidenciales asistentes al foro:
Reconocer al agro como motor de la economía nacional y priorizarlo en su plan de gobierno. Esta es una declaración de buenas intenciones, sin embargo el país vive del extractivismo minero y del gas, además de actividades como el comercio y los servicios que hacen a un agregado de actividades económicas que deben ser la prioridad del próximo gobierno. El MAS impuso un gobierno en base a un acuerdo corporativo con cooperativistas mineros, cocaleros del Chapare, organizaciones sociales, ahora –la CAO emulando al MAS- busca un nuevo gobierno con un acuerdo corporativo con el agronegocio, esto no tiene pies ni cabeza y no se respeta la esencia democrática y de derecho del gobierno que se basa en el servicio a todos.
Proteger y respetar irrestrictamente la propiedad privada urbana y rural en todo el territorio nacional. Es evidente que este aspecto es reiterativo, pues en la Constitución Política del Estado CPE se reconoce a la propiedad privada (artículo 56.-).
Titulación de tierras productivas individuales para campesinos y pequeños productores en los plazos definidos. La CPE ya regula la forma de titulación de la tierra en sus artículos 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403. 404.
Ampliar la verificación de la función económica y social (FES) cada 10 años. La función económica social es constitucional y regula este mecanismo administrativo, que fue diseñado para su aplicación cada dos años y luego ampliado a cinco años durante el gobierno de Evo Morales. Solicitar su ampliación es premiar o proteger a quienes hacen mal uso de la tierra en Bolivia.
Liberar totalmente las exportaciones agropecuarias sin necesidad de cupos ni autorizaciones previas. Dentro de la política de incentivos estatales hacia el sector del agronegocio (que en otro texto detallaré) como ser los beneficios de devolución de los CEDIEM; el pago ínfimo y simbólico de impuestos dentro del RAU; aranceles cero para la importación de agroquímicos e insumos para el sector; entre otros, no se justifica la suspensión de autorizaciones ni cupos, pues el efecto directo sería el desabastecimiento del mercado interno con lo cual se afectaría mucho más la economía de las familias bolivianas. La medida significaría una pérdida en el ejercicio de competencias del nivel central imposible de implementar sin modificar la CPE en su Artículo 298.
Cumplir la Constitución que garantiza la libre transitabilidad de las carreteras para asegurar el abastecimiento de alimentos a todo el país. Este es un tema administrativo y de acuerdo general y formal.
Autorizar el uso sin restricción alguna de la biotecnología y eventos transgénicos en la agricultura boliviana. En Bolivia existe un único evento transgénico autorizado el año 2005, la soya RR. La aprobación del uso de la Soya Intacta para los productores interculturales del norte de Santa Cruz orientada a la producción del aditivo vegetal para el diésel, no se ha implementado. Para una autorización irrestricta la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá abrogar una decena de normas que prohíben el uso de transgénicos en Bolivia, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, la adhesión se formalizó a través de la Ley N° 2274, aprobada el 22 de noviembre de 2001. Corresponde aclarar que los insumos de transgénicos se importan y hasta el presente ninguna empresa internacional proveedora ha manifestado su interés para que los productores bolivianos puedan acceder a estos productos, sobre los cuales se deben pagar derechos de uso de patente. Aparentemente, el sector del agronegocio ha estado utilizando vía contrabando y de forma informal algunos eventos que no son legales, generando rechazo para la introducción “legal” de transgénicos a Bolivia.
Eliminar el control estatal de las bandas de precios y cupos de abastecimiento para productos agropecuarios. El gobierno y las autoridades del Estado en instancias subnacionales tienen la obligación de proteger a los consumidores y ejercer controles de precios, así se lo hace en municipios, de manera que la propuesta es irrealizable.
Funcionamiento de las comisiones agrarias nacional y departamental para una mejor coordinación del manejo de la tierra. La tierra y su administración es competencia del nivel central, de manera que su modificación es vía referendo constitucional de modificación de la CPE, irrealizable sin consensos nacionales.
Eliminar los carburantes de la lista de sustancias controladas. Si bien Doria Medina respondió no a este tema, debe quedar claro que la Ley Nº 1008 -en vigencia- tiene en su Anexo la Lista V solventes y diluyentes controlados en la cantidad de 21 productos, entre ellos Kerosene, Gasolina, Diésel. Esta medida beneficiará directamente al narcotráfico, toda vez que el sector agropecuario no ha manifestado su interés por importar de manera directa todo el diésel y gasolina que consumen de manera subvencionada. La importación directa de carburantes tiene restricciones como el control y supervisión de la FELCN sobre estos solventes y diluyentes, de manera que solicitar su eliminación de la Ley Nº 1008 sin expresar su intención de importar sin subvención es dar un apoyo franco al narcotráfico.
Compromiso de pasadas las elecciones sentarse y coordinar sin condiciones con el sector. En otras palabras plantean un cogobierno entre el agronegocio y el candidato ganador, lo que sería un nuevo pacto corporativo para beneficiar intereses particulares, un aspecto que será rechazado por el conjunto de la población.
Este es un momento para encarar la crisis económica y salir de ella favoreciendo a todos y no sólo a un sector, por ello considero que los acuerdos asumidos son inaplicables.
26 de junio de 2025