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Han transcurrido 82 años desde que un 25 de julio de 1930 se emitiera un Decreto Supremo reconociendo la Autonomía Universitaria en el Sistema de la Universidad Pública, como una conquista del movimiento universitario en Bolivia.
La Autonomía Universitaria a lo largo de sus 82 años de vigencia ha tenido sus sinsabores, por haber sufrido la dureza de los gobiernos dictatoriales que avasallaron y desconocieron esas conquistas y reivindicaciones en épocas del golpismo militar, que se impuso por la fuerza de las armas y de la irracionalidad. Recuperada la democracia en el país se restituyó un tácito reconocimiento a la Autonomía Universitaria como una forma de gestión y administración de sus recursos.
La Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional señala que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. Según la CPE la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo de acuerdo al Estatuto Orgánico que cuenta cada Universidad para la gestión y la administración interna.
Pero además la autonomía le da potestad a las universidades públicas para la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales en función de los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana y del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, máxima instancia de representación ante el Gobierno nacional.
Es importante señalar que la autonomía consiste en el derecho que tienen las universidades públicas de percibir libremente los recursos que subvenciona el Estado como prioridad a la Educación Superior, garantizando la formación de profesionales al servicio del país, asimismo, avala el derecho a participar de las rentas nacionales, departamentales y municipales, pero además de los impuestos especiales como obligación de Estado.
Por tanto, la Autonomía Universitaria no puede estar perseguida ni amenazada bajo ningún pretexto, ni por este ni por otro gobierno que se considera demócrata y respetuoso de la Constitución Política del Estado, que reconoce y admite la libre administración de las subvenciones que entrega el gobierno para la gestión y la administración universitaria.
El Gobierno en función de poder, tiene la obligación de revisar las distintas leyes que afectan la Autonomía Universitaria, entre otras, la Ley Financial, la Ley de Educación Avelino Siñani, la Ley del Órgano Electoral, el Proyecto de Ley del Servidor Público y el Proyecto de Ley del Seguro Social, que son contrarias a las disposiciones de la Constitución Política del Estado.
La Autonomía Universitaria no puede ser motivo para que el Gobierno asuma la decisión de restarle valor a la formación académica que desarrolla en beneficio del país. Las universidades públicas cumplen una función social, por encargo de la misma ciudadanía que contribuye sus impuestos, para proporcionarle responsabilidad y compromiso por encima de intereses políticos y partidarios.
Precisamente en esa actitud, los universitarios, sus docentes y administrativos asumen la defensa intransigente de este principio, que después de 82 años de vigencia no puede ser vulnerado por respeto a la Constitución y a la vida democrática que vive el país.
Constantino Rojas Burgos es periodista y docente universitario
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