Por Guillermo Villalobos M*
Durante la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya, Evo Morales lanzaba un energético discurso en contra del uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y del sistema alimentario dominante. Este discurso no fue la única mención de esta índole, de hecho, parte importante del sujeto político de Morales de aquel entonces se construyó en base a un discurso marcadamente contrario a los OGM y al agronegocio, expresando incluso un latente deseo de declarar a Bolivia como territorio libre de semillas transgénicos. Gran parte de este discurso se materializó en distintos proyectos políticos. La más notoria fue la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y el reconocido Art. 225 sobre la prohibición del uso, introducción y comercialización de transgénicos en el país. Pero también con la conformación de un amplio bagaje legal aprobadas entre 2006 y 2012.
Sin embargo, a medida que Morales se “asentaba” en el ejercicio del poder, las políticas impulsadas desde su gobierno y el discurso utilizado fue sufriendo transformaciones sustanciales. Diversos análisis sitúan el periodo entre finales de 2010 y 2011 como el momento histórico cuando se inicia esta transición. La promulgación de la Ley 144 de Revolución Productiva de 2011 marca el inicio del nuevo discurso político más “complaciente” a los intereses del sector agroindustrial, e inicia un proceso de transformación ideológica y política al interior del gobierno y sectores afines al MAS.
¿Cómo se explica esta transformación? Parte del giro se relaciona al declive de la renta de hidrocarburos debido a la baja de los precios internacionales en 2009 y nuevamente en 2015. Frente a esta situación, el gobierno de Morales comenzó a apostar a fortalecer el sector agroindustrial como alternativa a la reducción de divisas por la venta de gas natural. Esta apuesta se manifestó en la Agenda Patriótica 2025 (elaborada en 2013) con el fin de impulsar y ampliar el modelo agrícola mecanizado al igual que triplicar el hato ganadero.
Desde entonces, la postura de Morales fue cada vez más encauzada a favor de los OGM, aunque siempre teñido bajo un manto de indigenismo, soberanía alimentaria y respeto a la Madre Tierra. La materialización de la Agenda Patriótica 2025 y del discurso político que daría lugar a la formación del nuevo sujeto político de Morales y de su gobierno ocurrió durante la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” en 2015. El discurso de apertura de Morales fue emblemático: “Seamos realistas, si queremos productos ecológicos para el pueblo boliviano cuesta caro. Para mejorar la producción hace falta tecnología… hay que ver en qué productos podemos usar transgénico, dónde limitarlo.”
Así, lejos de fomentar la producción de los pequeños productores campesinos e indígenas, en esta cumbre se instauró la agenda del sector agroindustrial y se selló el pacto entre el gobierno y la agroindustria. Pacto que se terminó de consolidaren 2018 con la Ley 1098 de fomento a la producción y comercialización de Aditivos de Origen Vegetal (AOV) y el DS 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) establecer procedimientos abreviados para la evaluación de dos eventos transgénicos: la soya HB4 y soya intacta para la producción de AOV y biodiesel.
Paradójicamente, durante el gobierno de Jeanine Añez, el discurso de Morales respecto a los OGM sufrió un breve déjà vu. Cuando Añez aprobó el DS 4232 que autorizaba al mismo CNB evaluar por procedimientos abreviados un número indefinido de eventos de soya, algodón, caña de azúcar y trigo y el DS 4348 para identificar zonas de cultivo para maíz transgénico, Morales reprochó profusamente como, “aprovechando la pandemia”, Añez aprobó un decreto que supone un “riesgo para población y productores”.
Esta postura fue acompañada por otros líderes del MAS, sobre todo la de Luis Arce y David Choquehuanca (en ese momento candidatos a presidente y vicepresidente por el MAS), los cuales argumentaban que dicho decreto no solo era ilegal, sino que atentaba contra la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la salud de los bolivianos. También se sumaron declaraciones de otros personeros y sectores afines al MAS, como la del postulante a senador Andrónico Rodríguez, la entonces Presidenta del Senado Eva Copa, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, las Bartolinas Sisa y demás organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, e inclusive la Defensoría del Pueblo.
En el periodo inmediato después de las elecciones de octubre de 2020 parte del discurso del nuevo gobierno giraba aún en negar “una liberación del uso de semillas transgénicas”. Meses después, en abril de 2021 el gobierno de Luis Arce derogó los DS 4232 y 4348 de Añez. Sin embargo, omitió derogar la Ley 1098 y DS 3874 promulgada por Morales en 2018 y 2019.
El hecho de que se mantuvieran los decretos de Morales no es casual y muestra una gran contrariedad discursiva dentro del MAS que se comenzó a gestar desde el 2011. Contrariedad que, en gran medida, se debe al modelo productivo propuesto en la Agenda Patriótica 2025; profundamente relacionada, en aumentar la productividad y el aporte agrícola al PIB nacional con miras a contrapesar la baja en las regalías por la exportación de hidrocarburos y por la imperante necesidad de reducir el gasto público que representa importar y subvencionar gasolina y diésel al país.
Por ello, los discursos de “mejorar los rendimientos de los cultivos” y “consolidar la soberanía productiva agroindustrial (…) y el fortalecimiento de la agroindustria” a partir de la producción de agrocombustibles, donde el uso de “biotecnología” juega un rol central en este proyecto, se posiciona como pilares centrales del actual gobierno del MAS. A esta pretensión política se suman otros factores, tales como: el agravamiento del déficit por la importación de combustibles, el alza de los precios de commodities e insumos agrícolas por la guerra entre Rusia y Ucrania, las variaciones climatológicas, la baja productividad de maíz en el país y la especulación de precios.
Este escenario generó un ambiente propicio para reforzar el lobby del sector agroindustrial e impulsar la aprobación de nuevos eventos OGM en el país. La intensidad de este contexto logró incluso retomar las voces de apoyo de sujetos políticos como Evo Morales, que pidió abrir un debate con el sector privado para utilizar “biotecnología” en el agro boliviano para garantizar la producción de alimentos. Incluso la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), otrora ferviente opositor a la introducción y uso de OGM, siguiendo la línea discursiva de Morales, exigió al gobierno de Arce una “ley marco regulatorio para uso de biotecnología… para cultivos extensivos y otros”.
Es en este contexto que recientemente el CNB aceptó la solicitud de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) para comenzar a evaluar la soya evento HB4, proceso que se encuentra en fase de evaluación de riesgos. El gobierno argumenta que el uso de “biotecnología” no está prohibida en Bolivia y que la CPE en el art. 409establece que el uso de OGM deberá ser regularizado mediante una ley. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una ley que regule el uso de transgénicos en concordancia con el art. 255 de la CPE que dispone la prohibición del uso, introducción y comercialización de transgénicos.
El gobierno de Arce, al igual que Morales, pasó de emplear un discurso contrario al uso de transgénicos a allanar la evaluación de un nuevo evento de soya transgénica, lo quemarca una profunda contradicción discursiva y una aguda disonancia con la agenda creada a partir de la lucha y movilización social.
*Investigador en temas socio-ambientales