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La demanda de inaplicabilidad de la CPE, presentada por legisladores del MAS, es absurda y solo se puede explicar a partir del sicariato legal. Absurda porque no se puede pedir al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional a la Constitución.Es como pedir declarar Anticristo a Cristo. La tarea del TCP es preservar y cuidar la CPE y en ningún caso cambiarla o declararla inconstitucional. Las constituciones tienen dan derechos y también obligaciones; dan libertades, pero también las limitan en función del bien común. Caso contrario, sería la barbarie, donde se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte.
El pedido esta fuera lugar porque argumentan que el art 168 de la CPE y artículos de la ley electoral atentan contra los derechos humanos del Presidente. ¿En qué parte del mundo es un derecho humano el eternizarse en el poder?. Si el actual presidente ya no quiere volver a su chaco, ¿por qué no se postula como diputado uninominal o senador?. Así se evita volver a los rigores de la vida humilde.
Para tratar de comprender el accionar de los legisladores que los impulsó a presentar ése bodrio de “acción abstracta de inconstitucionalidad” contra varios artículos de la Ley 026 e inaplicabilidad de artículos de la CPE, no nos queda más que recurrir a figuras de la mafia. Y de esta perversa práctica criminal sacamos la figura de los sicarios. Las mafias, dentro su complejo sistema criminal, cuentan con los llamados sicarios.
Un sicario es una persona que se dedica a cometer asesinatos a cambio de dinero. Por eso suele decirse que un sicario es un asesino a sueldo o un asesino por encargo. En el caso que nos amerita, los legisladores buscan asesinar a la CPE por encargo. A cambio de qué? Cuando actúa un sicario, como ejecutor, hay un ideólogo del crimen que quiere permanecer oculto y ajeno a la materialidad del hecho. Los actuales legisladores sicarios hacen esta acción por encargo de alguien, porque si estarían en sus cabales, jamás lo harían.
En todo caso, qué esta detrás de este sicariato llegal? El gobierno no da puntada sin hilo, todo tiene un objetivo: perpetuarse en el poder a como dé lugar y para ello pone a prueba varias alternativas. En ese sentido, la acción sicaria ante el TCP busca: 1. dividir a la oposición y, muy rápidamente, lo lograron en el sexteto que se volvió quinteto, pues, uno de sus miembros, alegando un análisis más profundo, no firmo el comunicado que condenaba el sicariato legal interpuesto por el partido de gobierno. 2. Sentar las bases para que la resistencia a las elecciones del 3D no cuente con el apoyo de líderes políticos y que los actos de protesta (como el que se está organizando para el 10 de octubre) y el control electoral después del voto no se concretice evitando la comprobación fáctica de la rotunda victoria del nulo.
3. De cara al posible fallo del TCP se abren las siguientes posibilidades a) que el TCP no admita la demanda, lo cual sería actuar en estricto apego a la CPE y el orden jurídico, devolviendo a los ciudadanos la seguridad de que su voto del 21f valió la pena y se respeta. Pero esto, es pedir peras al olmo. b) que el TCP se atreva a declarar procedente el pedido de los sicarios legales, lo cual abriría de par en par las puertas para que en Bolivia se instaure, sin mascarada, el totalitarismo. Eso no excluye que se vayan a elecciones amañadas el 2019, que para ello se profundice el control y manipulación del órgano electoral y que se atomice la participación de la oposición a través de habilitar “n” candidatos “contrarios” al régimen. En esta línea se rumorea que viabilizaría las candidaturas de Jaime Paz, Manfred Reyes Villa y otros. c) que el TCP se pronuncie y diga que no es posible anular artículos de la CPE y que para ello se precisa convocar a una Asamblea Constituyente.
De esta manera, ya sea vía modelo nicaragüense (ése, el de los sicarios legales) o venezolano (el de la asamblea constituyente), los estrategas cubanos, junto al embajador Quintana, están viendo el mejor escenario para que el régimen no se cambie. La jugada venezolana de convocar a una asamblea constituyente es la que más está cuajando en el gobierno, pues saben que en cualquier justa electoral, incluido un fraude de proporciones, les generaría un contexto desfavorable de legitimación.
El desgaste del gobierno va en picada por sus propios desatinos y metidas de pata que no cesan. La corrupción generalizada los está fagocitando sin que puedan salir del círculo vicioso. Hay serios indicios que el actual régimen se aleja de ser un gobierno protector del estado de derecho a convertirse en un gobierno mafioso. La última sesión de las NNUU debería llamar la atención, el Presidente habló ante un auditórium casi vacío. Por todo esto los bolivianos y bolivianos otra vez saldremos a las calles y plazas este 10 de octubre a 35 años de recuperar la democracia y, hoy, a punto de perderla.
Ivan Arias Duran
Ciudadano de la República de Bolivia.
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