Manuel Morales
Tres disparos. Tres balas. No fueron dirigidas al presidente Rodrigo Paz, sino a Nadia Beller, pareja de Fernando Cerimedo, el asesor y operador político que, sin ser autoridad electa, se ha convertido en la sombra más influyente del nuevo gobierno instaurado el 8 de noviembre de 2025.
El ataque fue, ante todo, un intento desesperado por acallar una voz incómoda. Sin embargo, el tiro le salió por la culata a sus ejecutores: las balas no lograron silenciarla y, por el contrario, le brindaron la plataforma definitiva para desnudar los entretelones del poder.
Los actores de la nueva élite encaramada en el gobierno prefieren no hablar; son frutos de un sistema prebendal y, al mismo tiempo, piezas sacrificiales atrapadas en su propia red de favores. Pero Nadia, herida en su propia carne, encuentra en su testimonio la oportunidad de redimirse y de exponer una verdad incómoda para la cúpula gobernante.
Ya el 19 de enero de 2026, en una entrevista con Portafolio Multimedia de Radio Marítima, analice —como un precedente poco común— la estructura delictiva de la familia del expresidente Luis Arce, cuyos hijos Marcelo y Rafael enfrentan procesos penales abiertos, prisión preventiva y órdenes de aprehensión. Aquella denuncia, aún no concluida, se convirtió en un espejo incómodo para la actual administración, pues el propio presidente Paz aludió en varios discursos a "familias comprometidas con acciones delictivas" en el pasado inmediato.
Hoy, las denuncias de Beller apuntan directamente al círculo íntimo de Paz. En el centro de la tormenta están su esposa, María Elena Urquidi, y su entorno familiar, señalados por presuntos negociados ilícitos, donde figuran nombres como Robin Jofré y el propio Fernando Cerimedo. Si estas acusaciones se confirman, el discurso oficial de Paz —que proclama a la familia, la patria y Dios como pilares de su gestión— se desmoronaría estrepitosamente. El solo hecho de que la primera dama y los hijos del presidente tengan que declarar ante la fiscalía ya representa, por sus repercusiones mediáticas y políticas, un escenario devastador para el gobierno.
Las balas del 17 de agosto también dejaron al descubierto la relación irregular y opaca entre Paz y Cerimedo. Este último se desempeña como asesor informal, sin vínculo legal, sin contrato y sin remuneración oficial. Lejos de ser un tecnicismo, esta figura jurídica híbrida es el caldo de cultivo perfecto para actos de corrupción. Al carecer de un vínculo formal, Cerimedo elude las normas que rigen a los funcionarios públicos —las mismas que otorgan derechos laborales, pero también exigen responsabilidades y controles—. De manera deliberada, Paz lo ha incrustado en oficinas contiguas a su despacho, lo ha investido de poder y le ha dado carta blanca para generar ingresos por medios paralelos, una conducta que roza lo ilegal y que vicia los cimientos de la administración pública.
Hoy, gracias al testimonio de Beller y a los allanamientos practicados en la vivienda paceña de Cerimedo, se sabe que este poseía una cantidad considerable de dinero de origen presuntamente malhabido. Es responsabilidad ineludible del Estado boliviano determinar el origen de todos los recursos que le permitieron a Cerimedo comprar, vender, alquilar, contratar servicios, viajar e incluso transferir fondos hacia la Argentina.
Mantener una relación informal e irregular entre el presidente y un asesor extranjero, envuelta en la opacidad, genera actos dolosos que lindan en delitos. Lo más grave, sin embargo, es la imperiosa falta de explicación pública del propio Rodrigo Paz. Mientras el presidente mantenga el silencio y no esclarezca los términos de esta relación, las sospechas de una red de poder informal seguirán socavando la legitimidad de su gobierno y la confianza de la ciudadanía.
20 de agosto de 2026