Una maestra de 66 años, con 35 años de servicio en el sistema educativo y sin antecedentes por maltrato a estudiantes, enfrenta ahora un proceso penal. La denuncia fue impulsada por una madre de familia de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, quien presuntamente utilizaría a sus hijos para acusar a docentes y luego buscar “acuerdos económicos”, denunció el abogado de la profesora ahora imputada, Abel Loma.

Según el jurista, su defendida fue imputada por presuntamente haber jalado la oreja al hijo de la denunciante, hecho por el cual el menor recibió dos días de impedimento médico legal.

Sin embargo, la parte imputada rechaza las acusaciones y asegura contar con un “testigo clave”. Según este testimonio, el propio niño habría confesado que su madre le indujo a acusar a la profesora de una agresión que no ocurrió.

“Ha surgido el nombre de uno de los compañeros de este presunto menor víctima, quien manifiesta que su compañerito le dijo: ‘mi mamá me dijo que denuncie a la profesora’”, afirmó el abogado Loma, quien indicó que pedirán al Ministerio Público la realización de una pericia en cámara Gesell a este estudiante, compañero del presunto afectado.

El jurista también señaló que los testigos presentados por la madre denunciante no corroboran las sindicaciones.

Sin embargo, lo que más llama la atención de la defensa es que la progenitora de la presunta víctima habría denunciado previamente a otros dos profesores y, en ambos casos, había llegado a “acuerdos económicos”, recibiendo 48 mil bolivianos en una ocasión y 30 mil en la otra.

Para el abogado, este antecedente no es menor, ya que la propia dirigencia de los maestros ya denunció este tipo de hechos. A su juicio, se trataría de una práctica que estaría convirtiéndose en una forma de obtener beneficios para algunos padres de familia, quienes utilizarían a sus hijos para exigir montos económicos a los docentes o presionarlos para mejorar las calificaciones de los estudiantes.