Un total de 18 personas, 11 de ellas aparentemente de nacionalidad china y siete bolivianas, fueron aprehendidas durante un operativo contra la minería ilegal ejecutado en el área minera en el municipio de Sorata, provincia Larecaja de La Paz.

El operativo fue realizado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (FELCDA), tras una denuncia presentada por la Cooperativa Minera Buenavista, titular del derecho minero sobre el área intervenida.

El director de la AJAM, Jaime Sanabria, explicó que la cooperativa solicitó la intervención de la autoridad debido a una presunta invasión de su área minera por ciudadanos extranjeros, quienes habrían actuado en complicidad con comunarios del lugar.

“Lo que nos está mostrando esta intervención y los elementos recolectados es que el problema de la minería ilegal ha dejado de ser un simple problema administrativo y un problema ambiental para convertirse en un problema económico, de seguridad y de gobernanza”, afirmó Sanabria.

Por su parte, el director de la FELCDA, coronel Marco Azeñas, informó que, tras recibir la denuncia, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y procedieron a la aprehensión de las 18 personas.

“Pudimos detener, aprehender en primera instancia a 18 personas, 11 aparentemente súbditos extranjeros de nacionalidad china aparentemente, y siete nacionales”, señaló.

Los aprehendidos fueron trasladados a instalaciones policiales y serán puestos a disposición del Ministerio Público y del control jurisdiccional, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Durante la intervención también fueron secuestrados vehículos y material explosivo, entre ellos ANFO, cartuchos de dinamita y cordón detonante con sus respectivos fulminantes, según el jefe policial.

Sanabria sostuvo que la minería ilegal representa además una afectación a la soberanía sobre los recursos minerales del país, debido a que la extracción ilícita no genera aportes para el desarrollo nacional.

Las personas aprehendidas permanecen bajo custodia mientras avanzan las actuaciones preliminares y se espera que el Ministerio Público asuma el conocimiento formal del caso dentro de los plazos establecidos.