Después de la aprehensión en Santa Cruz del tiktoker dedicado a las finanzas y critomonedas, Juan Carlos Villafuerte, ha generado una polémica respecto a la libertad de expresión y las críticas al sistema financiero en el contexto de la desconfianza y la crisis.

La Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), mediante un comunicado, justificó que en marzo presentó la denuncia contra el ciudadano por haber afirmados en TikTok que: “Peligran los Bancos en Bolivia” y “ya no pueden tener ustedes su dinero guardado en el banco, porque… están perdiendo plata… es la realidad”, citando específicamente a entidades financieras.

Argumentó que “cualquier persona que por cualquier medio, genere o difunda información falsa, tendenciosa o maliciosa que podría afectar la confianza en el Sistema Financiero Nacional (SFN), incurre de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del Artículo 363 quater del Código Penal, en delito financiero cuando dicha información induce o provoca retiros masivos de depósitos, dañando la imagen o estabilidad del SFN”.

Incluso mencionó esta actitud contempla una sanción severa, con penas que van de 5 a 10 años de privación de libertad. 

En tanto, políticos, personalidades y gremios han expresado su apoyo al tiktoker. El candidato vicepresidencial de Libre, Juan Pablo Velasco, señaló que Juan Carlos Villafuerte está siendo víctima de una injusticia inmensa, porque lo detuvieron “solo por intentar ayudar a los jóvenes bolivianos a proteger su patrimonio con tecnología”.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que este caso es una clara vulneración al derecho a la libertad de expresión.

“Este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas y constituye una señal de amedrentamiento contra la ciudadanía y los creadores de contenido digital”, denunció el gremio periodístico.

El economista Gonzalo Chávez consideró la aprehensión como “un abuso intolerable y un ataque directo a la libertad de expresión”. Pidió la liberación inmediata y el cese de esta persecución arbitraria.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, consideró este caso de "uso desproporcionado del poder punitivo del Estado". No se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana", agregó.

La madre del tiktoker denunció que es un caso de atropello, porque su hijo nunca fue citado, sino directamente fue “secuestrado”. Señaló que incluso la Fiscalía ya había rechazado la denuncia y la orden de aprehensión ya no tenía validez.