La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este viernes resoluciones que otorgan medidas cautelares a la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz; el Delegado Departamental Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox; y la alcaidesa de Vinto, Patricia Arce.

Respecto a Cruz y Cox, la CIDH señaló que hubo intentos de tomas o cierres de las oficinas de las Defensorías de La Paz y Cochabamba, pero además se reportó manifestaciones que recurrieron a “reacciones verbales con tono agresivo”, buscando generar afinidad política-partidaria de los funcionarios defensoriales.

Como parte de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado boliviano que adopte las medidas para proteger los derechos a la vida e integridad de Cruz y Cox; y que además se les garantice desempeñar sus actividades sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.

Los representantes defensoriales fueron objeto de escarnio, porque se los acusó  de parcializarse a favor del MAS, incluso participando de un cabildo de cocaleros del Chapare. Cruz generó polémica por realizar una arenga en dicho encuentro, mientras que Cox fue Viceministro del Gobierno de Evo Morales.

La Alcaldesa

En el caso de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, la CIDH observó que la misma y sus hijos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

La Comisión recordó que Arce fue retenida por terceras personas el 6 de noviembre (día en que la humillaron cortándole el cabello y lanzándole pintura roja). 

Asimismo, señala que no se identificó información que indique cuál es el alcance de la protección a la Alcaldesa y no se sabe si alguno de los agresores fue detenido.

Para este caso, la CIDH solicitó a Bolivia que proteja los derechos a la vida e integridad personal de Patricia Arce sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.