Dos nuevos casos de extrema violencia machista generaron rechazo en las últimas horas de juristas y activistas en defensa de los derechos de las mujeres.

Los abogados de la Fundación Voces Libres y las activistas del Colectivo Mujeres de Fuego, mostraron su preocupación por el grado de crueldad y violencia así como también por la violencia económica y emocionar ejercida por los agresores que generó dependencia en las víctimas. Piden que el Ministerio Público actúe de oficio, para evitar que estos casos terminen en feminicidios. 

En Cochabamba, un hombre le amarró las manos y los pies a su pareja para luego echarle agua hirviente en el cuerpo. En Yapacaní, un habitante de la zona golpeó a su esposa y pretendía matarla a ella y a su hijastra adolescente utilizando una motosierra. También quería prenderles fuego. Las víctimas huyeron a la Llajta.  

Tuvo que huir tras sufrir quemaduras por su agresor

En el primer caso, la abogada de la Fundación Voces Libres y asesora legal de Mujeres de Fuego, Mercedes Cortez, relató que el caso ocurrió a las 5 de la tarde del 20 de septiembre, en una casa del barrio 20 de Octubre, en la zona del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, zona sud de Cochabamba.Alina (nombre cambiado), de 36 años, y madre de cinco hijos, cuyas edades oscilan entre los  9 y los 19 años, contó que su pareja le preguntó por un dinero que tenían y ella, por los nervios,  no recordaba dónde lo había guardado. El varón la agredió primero, a puñetes y patadas. Luego la arrastró hasta el patio, donde le ató las muñecas de las manos y los tobillos de los pies. Alina había dejado en la cocina una olla con agua hirviendo para cocinar. Su agresor tomó la olla y le roció el cuerpo con el agua caliente. Ella no pudo protegerse ni huir porque estaba atada.  

Aterrada y quemada, Alina huyó el sábado 21 de septiembre a la casa de su hermano, en una provincia de Oruro. Hasta allí viajó el agresor y le dijo a su cuñado que quería arreglar las cosas y no golpearía más a Alina, pero el hermano de ella lo llevó a la Policía, donde fue arrestado por unas horas, mientras la víctima y su cuñada volvían a Cochabamba, para que un médico forense la examine. El galeno le otorgó 10 días de impedimento porque tiene varias ampollas (flictemas) en el cuerpo, además de hematomas.

El marido se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de manera voluntaria, pero no fue aprehendido porque, según las autoridades, no había flagrancia. El ataque ocurrió varios días antes.

Alina no quiso formalizar denuncia porque es dependiente emocional y económicamente de su pareja. Ella vende gelatinas y él es un cargador en mercados, aunque también asegura que es yatiri y amenaza con hacer daño a quienes se opongan a que la madre de sus hijos vuelva a su casa, bajo su yugo. Los vecinos y familiares de ella contaron que ya antes la vieron con los ojos morados y otras huellas de violencia.

Las golpea por celos e intenta matarlas

La historia de Casimira (nombre cambiado), una mujer de 32 años, impactó a quienes intentaron ayudarla.  Ella tiene cinco hijos. Una adolescente de 14 años, fruto de un primer matrimonio, y los otros cuatro, niños de entre 12 y 3 años, de su unión con Rigoberto B.H., de 41 años.

La familia vive en una comunidad de Yapacaní, Santa Cruz.  El 5 de septiembre, la pareja salió a su chaco a cosechar yuca. Rigoberto y Casimira llegaron muy cansados a su hogar. Ella se durmió junto a hijos y él salió a beber alcohol puro, de lata. Cuando retornó, ebrio, le reclamó a su hijastra de 14 años un celular que, según él, le había comprado. La menor no se lo dio y él no dejó de insultarla a gritos.

Casimira salió en su defensa recordándole que fue ella quien le compró el celular a su hija.  Para evitar más violencia, la adolescente le entregó a Rigoberto el teléfono móvil y él descubrió la foto del hermano menor de Casimira en uno de los álbumes. El hombre estalló y acusó a su hijastra de tener una relación con su tío materno, que está en el cuartel. 

La menor se fue a la escuela y Rigoberto fue hasta allá con un palo de escoba para golpearla. Los profesores intervinieron para defenderla. El hombre golpeó a su esposa rompiéndole el palo de escoba en su cuerpo, y luego a puñetes y patadas. Después amenazó con matarla a ella y a su madre con una motosierra o rociándolas con diesel para prenderles fuego después.

La mujer y sus hijos huyeron de Yapacaní y llegaron a Cochabamba en busca de ayuda. Abogados y una trabajadora social de la Fundación Voces Libres la llevaron a un médico forense que le dio cuatro días de impedimento. La Casa Esperanza, la albergó a ella y a sus hijos estos días, y personal de Voces Libres ya había tramitado ante la Dirección Departamental de Educación los documentos para que los niños y la adolescente puedan terminar la gestión escolar en esta ciudad.

Sin embargo, autoridades comunitarias de la localidad donde vivía la familia se comunicaron con los abogados de Voces Libres para enviar la foto de un documento en el que Rigoberto se compromete a no golpear más a su esposa y a su hijastra. Estas autoridades serían “las garantes”.  Los defensores le advirtieron a Casimira que Rigoberto volverá a maltratarles mientras no reciba ayuda. Ella dijo que se quedaría, pero el domingo 22 de septiembre huyó de Casa Esperanza con sus hijos y ahora se desconoce si está con algún otro familiar o volvió  con el agresor.

“En 10 días hemos conocido dos casos de violencia terribles. En el caso de Yapacaní, no sabemos si el juez declinará, porque ocurrió en otra jurisdicción, pero lamentamos que hasta la fecha el Estado no tenga políticas reales para evitar que las mujeres vuelvan al círculo de violencia porque saben que no pueden mantener a sus hijos solas, sin haber estudiado. En otros países, el Estado les da un sueldo mínimo por tres o seis meses, para que puedan sobrevivir, en tanto se capacitan para salir adelante sin sus agresores. En Bolivia aún no existen estos avances. Tampoco hay guarderías para hijos de víctimas de violencia. No hay ayuda psicológica para que ellas entiendan el riesgo que corren, la violencia se ha naturalizado”, declaró Mercedes Cortez.

Por su lado, la presidenta del  colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, recordó que “tenemos leyes, pero no se cumple en todos su artículos. Tenemos autoridades que tienen la obligación de hacer el seguimiento respectivo y no lo hacen. Por eso yo digo que estas autoridades son las responsables de las futuras muertes de nuestras compañeras”.

Coca sostuvo que están cansadas de respuestas burocráticas y exigió soluciones concretas. “Estamos en una época en que los políticos usan los feminicidios como banderas en sus campañas electorales, pero no entienden la magnitud del problema y por eso no ofrecen soluciones reales”.

La activista de Mujeres de Fuego, Judith Terrazas, expresó su preocupación por la indiferencia del sistema de justicia.  “Tenemos dos casos graves. Las víctimas no quieren formalizar por la dependencia económica y emocional que tienen. Nosotras vemos que hubo una intencionalidad de matar de parte de estos agresores. El Ministerio Público y la Policía deben investigar de oficio, ambos casos, para que no se consumen estos crímenes”.