La Fiscalía ha presentado una acusación formal para ir a juicio contra seis personas por la paralización del funcionamiento de la Planta de Amoníaco y Urea de Bulo Bulo. 

Entre los acusados está el exministro Víctor Hugo Zamora y altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para quienes se está pidiendo ocho años de cárcel más agravantes.

En este caso se investigó la paralización de la Planta de Urea que se registró en noviembre del 2019.

Según la Fiscalía, esto causó un daño económico al Estado de aproximadamente $us8.677.632, por falta de producción, mantenimiento de equipos dañados, servicios de repuestos, personal, entre otros.

El primer acusado es el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien se encuentra en rebeldía. Se desconoce el paradero del mismo, quien también enfrenta otros procesos por presuntas irregularidades en YPFB y el caso Senkata.  

También está acusado el expresidente de YPFB, Herland Soliz, también declarado en rebeldía. En 2020, la Fiscalía ya emitió orden de aprehensión en su contra por presuntas contrataciones irregulares, sin embargo, su ubicación es desconocida.

Los otros cuatro acusados son el exvicepresidente Nacional de Operaciones, Jorge Roberto Blancourt; exgerente de Industrialización, Oscar Alberto Boutier; exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea, Carlos Manuel Segundo Vilar y del excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea, Ivert Fernando Oliva.

Los delitos de la acusación son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. 

“La Fiscalía está solicitando la pena máxima para los acusados, consistente la privación de libertad de ocho años más el incremento que se determine por agravantes y concurso ideal”, afirmó el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos.

Respecto a la situación de Zamora y Soliz, ambos en rebeldía, el fiscal reveló que en junio del 2021 la Interpol rechazó la activación del sello azul, bajo el argumento de que estas personas eran parte del gobierno anterior, sin embargo, la

Fiscalía acudirá a sus convenios con otros Estados, para la búsqueda y extradición.