CASO 'GOLPE I'
Título: 

Gobierno pedirá ampliar los cargos contra un exjefe militar por los depósitos de Camacho

Terceros era comandante de la FAB en 2021.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este viernes que se pedirá al Ministerio Público que se amplié la investigación del caso denominado “Golpe de Estado I” contra el excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, por los depósitos que recibió en 2019 de parte de Luis Fernando Camacho.

El anuncio se realiza después de que la Fiscalía, a solicitud del Ministerio de Gobierno,  ya formalizó la ampliación de la investigación contra Camacho, debido a los movimientos económicos que realizó durante el conflicto de 2019.

Del Castillo dijo que se solicitará investigar a quienes recibieron el dinero que se movió en esas circunstancias para saber la verdad de lo ocurrido en 2019, que en su opinión fue un golpe de Estado.

“Mínimamente estaríamos hablando del excomandante de la Fuerza Aérea, el general Terceros, porque sería el sujeto que habría recibido dineros y recursos propios del señor Luis Fernando Camacho”, dijo el Ministro.

Entre los depósitos denunciados por el Ministerio de Gobierno figuran dos realizados por Camacho el 12 de noviembre de 2019 al entonces general Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, uno de 21 mil y otro de 8 mil bolivianos. 

Sin embargo, la defensa de Terceros sostuvo que el objetivo era el traslado de asambleístas para que sesionen y pacificar al país. Además, atribuyó la responsabilidad al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por canalizar esas transferencias.  

La defensa de Terceros también aseveró que los montos depositados fueron transferidos a otras personas dentro de la Fuerza Aérea y que el general sólo actúo como un "puente".

El ministro Del Castillo informó que la Fiscalía  ha solicitado un informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF) y espera que con esos datos se tenga conocimiento de los movimientos económicos en 2019.

El general Terceros ya se declaró culpable en el caso “Golpe de Estado II” y recibió una sentencia de tres años de cárcel, que ameritó la suspensión condiciones de la pena, sin embargo, mantiene detención preventiva por el caso del envío de material antidisturbios desde Argentina.