El Ministerio de Gobierno informó que el decomiso de droga detectado en el Aeropuerto Internacional Viru Viru corresponde a 369,2 kilogramos de marihuana en estado húmedo y no a “dos toneladas”, como se difundió en algunas versiones públicas.

Según el reporte oficial difundido por la oficina de prensa del Ministerio, entre el 18 y el 20 de febrero se ejecutaron tres operativos de inspección a 1.815 kilogramos de carga bruta internacional procedente de Estados Unidos. Las acciones fueron realizadas de manera coordinada con la Aduana Nacional, la FELCN y el Ministerio Público.

Las verificaciones incluyeron apertura de encomiendas, pruebas de campo y pesaje oficial, estableciendo que la sustancia controlada estaba camuflada en equipos electrónicos e industriales. El cargamento incautado se encuentra bajo cadena de custodia estatal conforme a los procedimientos legales.

La cartera de Estado aclaró que la carga total inspeccionada no equivale a la cantidad de droga secuestrada, por lo que cualquier referencia a volúmenes mayores “carece de sustento técnico” y no coincide con los datos verificados en los operativos. Asimismo, advirtió que la difusión imprecisa de información puede perjudicar las investigaciones en curso y alertar a posibles involucrados.

El caso permanece bajo dirección funcional de la Fiscalía, mientras se activaron los procesos correspondientes para determinar responsabilidades.

Por su parte, el Transportes Aéreos Bolivianos señaló en un comunicado que la veracidad de la declaración, el contenido y la legalidad de la mercancía corresponden directamente a remitentes, consignatarios y operadores logísticos, precisando que la empresa no realiza inspección material ni certifica el contenido declarado por terceros más allá del cumplimiento documental exigido por norma.

En la misma línea, la Fuerza Aérea Boliviana reafirmó su política de “tolerancia cero frente al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita” y aseguró que no existe ni existirá encubrimiento ante hechos que vulneren la ley.

Los comunicados oficiales sostienen que la detección de estas irregularidades demuestra que los mecanismos de control, fiscalización e interdicción del Estado se encuentran activos y operando dentro de sus competencias legales para frenar el tráfico de sustancias controladas.