La madre de la niña de 11 años que quedó embarazada, tras una violación, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, con el objetivo de que se pueda evitar que se concrete la interrupción del embarazo.

“Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismos público y privado, de subvertir la opinión y decisión de (la niña) de no concretar el aborto y la muerte de (…) el niño que lleva dentro”, se lee en parte del documento.

La solicitud fue presentada ante otro pedido de medidas cautelares de la Defensoría del Pueblo, ante la misma CIDH, con la intención de que se ordene al Estado boliviano hacer uso de medios coercitivos.

El hecho fue denunciado en el municipio de Yapacaní, ubicado en el departamento de Santa Cruz, donde vivía la menor junto a su abuelastro, de 61 años de edad, quien es acusado del vejamen, mientras los padres se encontraban de viaje por motivos  de trabajo.

En el documento, la madre señala que la Defensoría del Pueblo “no representa ni en forma legal ni convencional” a su hija, además, se acusa a la institución defensorial de ignorar de forma consciente su voluntad la que expresó al personal de salud cuando se encontraba internada en el centro médico Percy Boland.

Se pidió que se ordene a las instituciones públicas que depongan sus intentos de sustraer a la niña a la fuerza de la residencia donde está recibiendo atención médica ante la “decisión que asumió de seguir con el embarazo” y que se respete  su decisión de no poner término al embarazo.