Los militares implicados en el caso de la asonada del exgeneral Juan José Zúñiga pretenden ser incluidos entre los beneficiados por el proyecto de ley para restituir los derechos de uniformados, que fueron dados de baja por causas políticas.

El proyecto de ley fue presentado a favor de los policías y militares dados de baja por la crisis del 2019, pero los implicados con el caso Zúñiga consideran que debe ser para todos y piden “por favor” ser considerados, según afirmó su representante el exmayor Miguel Iriarte.

“Nosotros también fuimos víctimas de abusos creados por el gobierno del expresidente Luis Arce Catacorra”, dijo Iriarte, a tiempo de señalar que sus procesos fueron injustificados.

Como ejemplo mencionó el caso del propio líder del movimiento militar de 2024. “Hasta la fecha, al principal personaje del hecho, que es mi general Zúñiga, no lo llamaron a declarar. Quien debería dar la primera declaración sería él”, manifestó.

“En el proceso administrativo existen muchos abusos, ya que fueron procesos mal llevados, con irregularidades, asimismo nos cortaron de todos los beneficios, como ser el sueldo, como ser el seguro médico, situación que no debería ser así, ya que nosotros nos encontramos destinados en la letra E. Al estar destinados en la letra E, no significa que tengamos que ser despojados de todos nuestros derechos”, reclamó.

Iriarte señaló que son alrededor de 30 militares afectados dentro de este caso, de los cuales la mayoría ya fueron dados de baja y otros están en apelación.