Luis Fernando Camacho se benefició este jueves con dos nuevas resoluciones judiciales que abren la posibilidad de que abandone la cárcel de Chonchocoro donde permanece recluido desde fines de diciembre de 2022.  

En la audiencia virtual de modificación de la medida cautelar por la compra, presuntamente irregular, de un carro de bombero durante su gestión, un juez determinó dejar sin efecto la detención domiciliaria de 24 horas con escolta policial, la reducción de la fianza de Bs 350.000 a Bs 50.000.

No se contempló el arraigo porque ya se encuentra bajo esa situación por determinación de otras audiencias, aunque deberá presentarse una vez al mes ante ese despacho judicial y podrá desplazarse en todo el territorio nacional, aunque no podrá hacerlo en el exterior.

“Y por último, se debe librar el mandamiento de libertad de manera inmediata”, añadió la autoridad jurisdiccional.

En la audiencia, la defensa del gobernador cruceño había pedido que se modifiquen las medidas sustituticas impuestas que incluían que se levante el arraigo y se modifique el pago de la fianza. 

Los delitos contra Camacho fueron por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Según la denuncia, el vehículo fue adquirido por Bs 1.730.000, pero no habría cumplido con los requisitos técnicos. 

El proceso fue impulsado por el diputado del MAS, Rolando Cuéllar.  

Horas antes, en la primera audiencia, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción de Santa Cruz determinó la liberta irrestricta para el gobernador cruceño por el caso de la emisión del Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022.

En este caso se debe a que Camacho delegó temporalmente sus funciones a Miguel Ángel Navarro, entonces Secretario de Gestión Institucional, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Con estas nuevas resoluciones, el gobernador cruceño podría defenderse en libertad y cumplir con el arresto domiciliario con salida laboral, dispuesto en otras audiencias por el caso Golpe de Estado I y el paro de los 36 días en 2022 en la capital cruceña. ///agc