El dirigente Evaristo Huallpa y el diputado del MAS, Anyelo Céspedes, plantearon que el caso de la distribución de pruebas COVID-19 vencidas por parte de la Gobernación de Santa Cruz sea llevado a la justicia penal para su investigación, por el delito de atentado contra la salud.

La polémica surgió después de denunciarse la entrega de pruebas caducadas a los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas. La Gobernación pidió disculpas y anunció una auditoría para identificar a los responsables.

El dirigente de San Julián, Evaristo Huallpa, consideró una burla lo ocurrido, porque además de las pruebas vencidas, denunció que se había recibido menores cantidades de insumos que las anunciadas, por ejemplo se entregó 17 mil barbijos de 20 mil comprometidos.

En entrevista con ERBOL, el representante anunció que las autoridades representantes de la región iniciarán las acciones legales al respecto y que el Ministerio Público debería iniciar de oficio el proceso, puesto que se trata de un atentado contra la salud.

Entretanto, el diputado Céspedes manifestó que este caso merece un proceso penal. Anunció que también que está solicitando un informe escrito al respecto.

El legislador señaló que no está confirme con una disculpa de parte de la Gobernación, sino pide la destitución del Secretario de Salud y el responsable del Sedes.