La Fiscalía Departamental de La Paz formalizó la imputación contra dos oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por el accidente del avión Hércules ocurrido el pasado 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional de El Alto, tragedia que dejó 23 fallecidos y 37 personas heridas.

El fiscal Luis Carlos Torrez informó que los pilotos James R. E. y Erick R. Z., quienes se encontraban al mando de la aeronave militar al momento del siniestro, fueron imputados por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de ambos uniformados por un periodo de seis meses, con el objetivo de garantizar su presencia durante el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles actos de obstaculización.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la aeronave de transporte militar sufrió un accidente durante la maniobra de aproximación a la terminal aérea alteña. El impacto se produjo al momento del contacto con la pista, provocando uno de los hechos aéreos más trágicos registrados en el país en los últimos años.

En la aeronave también era transportado un cargamento de billetes de la Serie B, enviado desde Santa Cruz con destino a la ciudad de La Paz. Parte del material monetario resultó averiado tras el accidente, situación que posteriormente derivó en una fuerte controversia nacional luego de que el Banco Central de Bolivia decidiera invalidar dicha serie de billetes.

La medida provocó confusión y caos monetario en distintos sectores comerciales y financieros del país, debido a que numerosos ciudadanos denunciaron dificultades para realizar transacciones y canjes de efectivo. El hecho generó cuestionamientos sobre la gestión de la crisis y el impacto económico que tuvo la decisión asumida por la autoridad monetaria.

Las investigaciones preliminares apuntan a determinar las causas exactas del accidente, mientras se analizan los reportes técnicos y los datos obtenidos de la caja negra del avión. El caso también reabrió el debate sobre las condiciones operativas y los protocolos de seguridad de la FAB, así como el estado de mantenimiento de su flota de transporte pesado.

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las condiciones climáticas registradas aquella jornada en la ciudad de El Alto eran adversas, aspecto que podría formar parte de los argumentos de la defensa de los pilotos imputados.

Por el momento, ambos oficiales permanecen bajo custodia policial y aguardan la audiencia de medidas cautelares, donde la justicia definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.