El testimonio de tres mujeres revela la extorsión, las amenazas y la manipulación que habrían sufrido a manos de un mismo hombre. Aseguran que fueron agredidas físicamente, chantajeadas y despojadas de sus bienes, mientras el presunto agresor continúa en libertad utilizando el nombre de policías, fiscales, jueces y autoridades del Gobierno para intimidarlas.

Para las tres víctimas, Osmar C.P.B. representa el rostro de la impunidad. Pese a tener una sentencia condenatoria por el delito de corrupción de menores y procesos abiertos por violencia familiar, doméstica y extorsión, según el registro de denunciados del Ministerio Público, el hombre continúa libre.

Esther, Janet e Inés rompieron el silencio y decidieron contar sus historias.

“Ha sido un infierno vivir con él”, relata Esther, quien señaló que mantuvo una relación de nueve meses con Osmar, y que en ese tiempo no presentó la denuncia por temor a que les pase algo a sus hijos, ya que las amenazas eran en ese sentido.

“Se puso tan violento que alcanzó el cuchillo y vino hacia mí con tanta fuerza... lo único que hice fue levantar la tabla de picar para cubrirme el abdomen. Ahí rebotó el cuchillo. Gracias a Dios estoy con vida. Esa fue la última vez que me agredió con cuchillo”, recuerda Esther.

Las amenazas posteriores eran conocidas por la víctima: el uso del miedo y del nombre de autoridades para asegurar impunidad.

“Me dijo: ‘Vas a aparecer muerta, colgada, no van a encontrar tu cuerpo. Voy a hacer desaparecer a tus hijos. No me tienes que denunciar, yo manejo a los coroneles, van a borrar toda evidencia. Manejo el poder político, sabes con quiénes me codeo’”

Esther presentó fotografías, pericias y conversaciones como pruebas, pero el Ministerio Público solo consideró parte de ellas. Después de varios años, su caso se encuentra con acusación para ir a juicio únicamente por el delito de violencia psicológica.

A pesar de contar con una sentencia condenatoria y medidas restrictivas, el agresor continúa libre. Esther denuncia que sigue siendo vigilada y hostigada. “Si me pasa algo, será responsabilidad de él.”

“Ha intentado terminar con mi vida”, relata otra víctima, Janet, quien presentó la denuncia por violencia familiar el 6 de julio.”

Se trata del mismo agresor que el de Esther. Según su testimonio, también le presumía tener contactos dentro de la Policía y vínculos con abogados y jueces, lo que habría provocado que su caso sea rechazado. El acusado habría evitado las notificaciones cambiando de domicilio en cuatro ocasiones, llegando incluso a registrar una dirección inexistente en Yapacaní, departamento de Santa Cruz. Esta situación derivó en el rechazo del proceso.

Janet también denunció haber sido hostigada por su propio abogado, lo que la llevó a una conciliación forzada, actualmente impugnada porque, según asegura, busca justicia.

“Yo estaba en la cama y me puse de costado y me puse a ver el TikTok. Él pensó que estaba hablando con alguien, me agarró del cuello, me ahorcó. Yo ya no podía respirar y me asusté. Creo que él se dio cuenta porque ya no podía... creo que me puse roja, no sé, y me suelta. Recién me tranquilizo, ya no me podía mover. Digo: si me muevo, este me va a hacer algo. Se levanta y viene hacia delante mío a decirme que yo no lo voy a ver la cara de cojudo, que si quiero hacer algo lo voy a engañar, que me iba a matar, que iba a aparecer en un terreno baldío, que nadie se iba a dar cuenta que él era”, recuerda.

Aunque Janet presentó grabaciones, mensajes y valoraciones médicas, el proceso fue retardado y posteriormente rechazado.

“Su abogado William estaba buscándolo a la jueza. No es raro que lo haya hecho rechazar. Tengo el audio donde su abogado dice que incluso el fiscal es culpa, pero que le iban a cobrar más caro y que era mejor que arregle conmigo.”

El testimonio también apunta a posibles actos de corrupción judicial. “Me amenazaba diciendo que conocía a coroneles.”

“Yo claro que me he arrepentido de conocer a esta persona”, dice Inés, otra víctima, que además denunció chantaje económico y extorsión del mismo sujeto.

“Yo presenté una denuncia contra este señor Osmar P. por el delito de extorsión y estafa, pero solo lo han hecho valer por extorsión... Me empieza a amenazar de muerte a mí, a mi familia. Me manda mensajes y audios donde dice que voy a aparecer colgada en cualquier lugar, que nadie va a saber qué ha pasado conmigo.”

Inés asegura haber sido víctima de una red de extorsión que operaba bajo la fachada de “ayuda legal”, exigiéndole dinero a cambio de supuestos favores judiciales.

“Me pedía dinero, me hacía comprar whisky dizque para los doctores. Cuando yo no accedía, me empezaba a insultar con palabras vulgares.”

Según su denuncia, el imputado utilizaba nombres de coroneles y funcionarios públicos para infundir miedo.

“Hablaba del coronel Santos, del viceministro Aguilera, del Téllez. Decía que ellos estaban de su lado. Incluso me decía: ‘mira, estoy llamando, vas a cumplir o no vas a cumplir’. Para mí es un tronar de dedos que aparezcan muertos. Eso me decía.”

Pese a la gravedad de las amenazas y los montos involucrados, el proceso también tuvo irregularidades.

“Presenté la denuncia, pero el fiscal pidió ampliación del caso y ese mismo día, en la tarde, saca una resolución de rechazo. Le dije: ‘¿por qué, si usted pidió ampliación?’ Y me respondió: ‘no sé, usted sabrá qué hacer’.”

Ese hecho ocurrió dentro del proceso por amenazas, aunque Inés continuó otro por extorsión, debido a los montos de dinero que —asegura— entregó bajo amenazas de muerte, incluso contra sus familiares. El caso cuenta con una imputación que se resolverá este martes en el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz.

Las víctimas mencionan que Osmar utilizaba los nombres de un coronel Llusco, de otro policía de apellido Canazas, de los fiscales Colque y Chuyma, y de un juez de apellido Duglas, por lo que aguardan que se investigue si mantenía algún tipo de contacto con ellos para retardar los procesos.

Incluso, una de las víctimas que convivía con el acusado escuchó una conversación con un preso de San Pedro, a quien llamaba “Varguitas”, de quien supuestamente recibía instrucciones para agredir al hermano de otra víctima.

Las tres mujeres también relatan que el acusado, a través de sus supuestos contactos en la administración judicial, podía “armar procesos por robo o narcotráfico” para intimidarlas.

Este medio intentó comunicarse con el denunciado al número que figura como referencia en sus procesos; sin embargo, la respuesta del chat fue que se trataba de un número equivocado. Posteriormente, su abogado se comunicó con este medio indicando que evaluaría si su patrocinado le autorizaría brindar declaraciones, ya que Osmar no podía hacerlo por las restricciones impuestas por la justicia. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta para conocer su versión.