Seguridad

Bolivia expulsó este sábado a un ciudadano extranjero considerado de alta peligrosidad y presuntamente vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC), quien fue entregado a la Policía Federal de Brasil en el municipio fronterizo de Puerto Suárez.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por la Policía Boliviana y la Dirección General de Migración, como parte de las acciones de control contra el crimen organizado transnacional.

El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de Potosí dictó una sentencia absolutoria a favor del general Gonzalo Mendieta y el almirante Flavio Arce San Martín, excomandantes del Ejército y la Armada, respectivamente, en el caso por la muerte de un manifestante durante las protestas de noviembre de 2019 en la localidad de Betanzos.

La información fue proporcionada por el abogado defensor Javier Peñañoz, quien precisó que los exjefes militares fueron absueltos en el proceso por el delito de homicidio.

La Fiscalía General del Estado informó que el 15 de septiembre presentó la imputación formal contra Fernando Cerimedo por el delito de violencia familiar o doméstica y solicitó su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

“El señor Cerimedo ha sido imputado por violencia familiar o doméstica, conforme a la Ley 348, en el cual el Ministerio Público ha solicitado la medida excepcional de detención preventiva en una cárcel pública, en este caso Chonchocorro”, informó el fiscal general Roger Mariaca.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reportó la aprehensión de seis hombres, cinco extranjeros y un boliviano, presuntamente vinculados con los asesinatos registrados en la localidad de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz.

El director nacional de la FELCC, coronel Celin Salas, informó que los operativos se realizaron desde la medianoche del jueves en distintos puntos de Santa Cruz.

El privado de libertad denunció al coronel Allen Acosta y pidió que Régimen Penitenciario devuelva los dos aparatos. Esta es la sexta denuncia contra el mismo oficial, quien firmó un “acta de entrega” de ambos electrodomésticos que confirma la posesión.

El subgobernador de la provincia Velasco, Cristian Méndez, pidió al Gobierno aplicar medidas estructurales y permanentes para garantizar la seguridad en San Ignacio de Velasco, y advirtió que el despliegue temporal de efectivos no debe limitarse a generar una “sensación de seguridad”.

“No están yendo a dialogar, están yendo a accionar”. Esa es la premisa con que fuerzas especiales militares han sido desplegadas a San Ignacio en Santa Cruz, ante la ola de violencia criminal que se desató en la zona fronteriza con Brasil.

Las declaraciones corresponden al comandante de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quien explicó que se está desplegando a persona de operaciones especiales, altamente capacitado para encarar esta situación.

Luego de la ola de sicariato en las regiones limítrofes con Brasil, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, manifestó que esa situación es intolerable, por lo cual se alista un nuevo plan de combate al delito.

“En realidad, en la frontera con el Brasil se está definiendo lanzar efectivos de élite porque ya los niveles de violencia que se ha llegado son intolerables”, dijo Oviedo este jueves.

Pese a la ampliación del estado de excepción por 90 días, el comandante de la Policía, Adrián Álvarez, ratificó que la estrategia ante los bloqueos y las movilizaciones consiste primero en el diálogo para evitar confrontaciones.

“La política institucional de la Policía Boliviana frente a la ocurrencia de estos hechos de bloqueos, de marchas o manifestaciones, siempre vamos a privilegiar el diálogo, primero el diálogo, después el diálogo”, afirmó este jueves.

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

La audiencia fue suspendida por la inasistencia de Doroteo F. Q., uno de los acusados. Su defensa alegó problemas de salud, mientras abogados y activistas cuestionaron la falta de documentación médica presentada para justificar su ausencia.