Seguridad

La explosión en una vivienda, ubicada en la zona Miraflores, en La Paz, dejó dos personas heridas además de otros dos inmuebles dañados con los vidrios rotos, al igual que vehículos que se encontraban estacionados.

El hecho ocurrió cerca de las 15.00 y, de acuerdo a los informes preliminares, se presume que la explosión fue generada por la deflagración de gas natural activada por una chispa, informó el subcomandante departamental de la Policía, coronel Nelson Murillo.

La Policía logró la aprehensión de Rodrigo M.A., de 34 años de edad, quien generó la alarma de vecinos de la zona Alto Tejar de la ciudad de El Alto, donde el fin de semana fue filmado cuando cometía dos violentos atracos contra mujeres.

En la filmación de sus fechorías, se observa que el domingo por la madrugada el antisocial había atracado en cuestión de minutos a dos mujeres que transitaban por unas graderías.

Armado con un lazo, el sujeto atacaba a las mujeres por la espalda, para lanzarlas al piso y quitarles sus pertenencias.

El magistrado Paul Franco advirtió “movimientos extraños” luego de que sus colegas del Tribunal Constitucional Plurinacional decidieron relevarlo del cargo de presidente deñ TCP para elegir a Gonzalo Hurtado en su lugar. El Gobierno consideró que existe una “crisis institucional” y pidió que de forma interna se resuelva el conflicto.

En una carta enviada al ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, Franco hizo mención de actos irregulares que se hubieran suscitado tanto en la designación de la Decanatura como de la Presidencia del TCP.

El empresario Luis Iturralde, que sería el responsable de la empresa inmobiliaria Kantutani, ha sido detenido en Chile y se realizan los trámites para su traslado a Bolivia y responda por el deslizamiento que dejó como saldo una niña fallecida y varias casas con severos daños.

La información fue confirmada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien resaltó la coordinación de la Policía con Interpol para lograr la aprehensión del empresario.

El principal responsable de la balacera, del 16 de noviembre, frente a una discoteca ubicada cerca de la cancha Zapata de la ciudad de La Paz, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por el lapso de seis meses.

Luego del deslizamiento que cobró la vida de una niña de cinco años y daños a varias viviendas, la Alcaldía de Achocalla negó haber autorizado los movimientos de tierra que habrían generado la mazamorra en la zona Bajo Llojeta. 

El pronunciamiento surge después de que la Alcaldía de La Paz denunció que la empresa inmobiliaria Kantutani había realizado los movimientos de tierra amparada en un permiso de Achocalla, con el objetivo de ampliar el cementerio Los Andes.

Después de varios días de trabajo, la Policía encontró los restos de la quinta víctima que fue secuestrada, torturada, asesinada y finalmente enterrada en la comunidad de Pucamayu, ubicado en la zona de Corani-Pampa, municipio de Colomi, del departamento de Cochabamba.

“Se informa a la población boliviana que se encontró el 5to cuerpo del caso de asesinato en Pucamayu del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare (sic)”, publicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

A la cabeza del alcalde Iván Arias, se la presentado este lunes ante la Fiscalía una denuncia penal contra los propietarios y representante legal de la inmobiliaria Kantutani, debido al deslizamiento de mazamorra que dejó varias viviendas dañas y la muerte de una niña de cinco años.

El homicidio culposo está castigado con seis meses a tres años de prisión, pero se agrava hasta cinco años en caso de grave violación de los deberes inherentes a una profesión.

La empresa Inmobiliaria Kantutani negó que los movimientos de tierra que realizó para su Parque Cementerio hayan sido causantes de los sucesos en la zona Llojeta, donde la mazamorra dejó como saldo varias viviendas afectadas y la muerte de una niña de cinco años.

La Alcaldía de La Paz denunció que los movimientos de tierra en el Cementerio Los Andes fueron los causantes de la mazamorra. Acusó a la empresa de realizar estos trabajos con autorización del municipio de Achocalla y de desoír las advertencias realizadas al respecto.

El tribunal del caso denominado “Golpe de Estado I” ha decidido este lunes un cuarto intermedio hasta el 6 de enero de 2025. En este caso los acusados presenciales son Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. 

La audiencia de este lunes no se pudo instalar debido a la ausencia de Pumari, quien no fue trasladado desde la cárcel de Cantumarca de Potosí hacia La Paz para esta audiencia. Asimismo, una de las jueces pidió licencia por su estado de gestación.