Un juez de Santa Cruz determinó en pasadas horas medidas sustitutivas para el abogado Roberto A. S., acusado de ser el presunto testaferro en la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
En la resolución de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional determinó el arraigo, arresto domiciliario con escolta policial y el pago de una fianza de Bs 300.000.
Mediante sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al presidente Luis Arce de “desobedecer” una orden judicial con el objetivo de impedir su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el caso “decretazo”..
“Luis Arce decide desobedecer la orden de un juez de trasladarme a Santa Cruz, eso es una muestra de que estamos en una dictadura, como en Cuba y en Venezuela. (sic)”, se lee una publicación en X.
Dos niños fueron asesinados en su domicilio de la ciudad de El Alto y sus padres se encuentran heridos de arma punzocortante, en un hecho que se encuentra en investigación para esclarecer lo ocurrido.
Pasó en la avenida Panorámica de la zona Ciudad Satélite. El comandante departamental, coronel Édgar Cortez, dijo que se encontró a los niños fallecidos con heridas cortantes en el cuello.
La madre y el padre fueron evacuados a un centro médico para atender sus heridas.
Un hombre fue enviado con detención preventiva al recinto penitenciario de Mocovi por un lapso de 90 días implicado, acusado de intentar sobornar a una fiscal de Sustancias Controladas de Trinidad.
Se trata de Ángel Gabriel V. D. quien buscaba cometer esa irregularidad con el objetivo de buscar beneficios de un caso abierto en esta instancia jurisdiccional, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La Policía logró la aprehensión de una pareja, una mujer de 24 años y un varón de 40, de la región de los Yungas, después de confesaron el infanticidio de un niño de cuatro años.
Ocurrió en el municipio de La Asunta en Sud Yungas. La víctima era hijo de la mujer y de su anterior pareja.
Según el reporte policial, el caso se descubrió cuando se atendió un caso de riñas y peleas en La Asunta.
El padre biológico del niño reclamaba a la mujer por el menor y ella, entonces, reveló que le había quitado la vida por presión de su actual pareja.
Cinco efectivos policiales fueron aprehendidos acusados de estar implicados en la fuga de 16 privados de libertad de la cárcel de Uncía en Potosí. Otra de las determinaciones asumidas fue el relevo de todo el personal de ese recinto con fines investigativos.
Los uniformados implicados formaban parte de la seguridad del penal en el momento que ocurrió la fuga. El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, no descarta que hayan tenido complicidad con los privados de libertad.
El Centro Penitenciario de San Miguel de Uncía informó al Comando Departamental de Potosí sobre la fuga de 16 reclusos ocurrida al mediodía del domingo 3 de marzo. En respuesta, la Policía Boliviana activó el "Plan Z" para capturar a los fugitivos.
Esta información también fue confirmada por un informe preliminar de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, de acuerdo con un despacho de Radio Líder para la red Erbol.
Cecilia Pérez, abogada paraguaya del exministro de Defensa Luis Fernando López, informó que Bolivia ha pedido la extradición de su cliente por delitos de contenido patrimonial que no están contemplados en la legislación paraguaya.
En conversación telefónica con la red Erbol, explicó que el pedido boliviano contiene una “variedad de figuras. Nosotros no tenemos delitos de conducta antieconómica y otros delitos de contenido patrimonial”. Además, precisó que en la solicitud “no hay delitos de terrorismo ni nada parecido”.
Este programa fue creado hace siete años y desde ese tiempo, atendió a 6.300 varones que ejercieron violencia contra sus parejas, de ellos sólo 20 han reincidido, según datos de su dirección. El proyecto comenzó en Cochabamba, ahora ya cuenta con centros terapéuticos en Potosí y La Paz.
Un domicilio, ubicado en la zona de Tilata, en Viacha, fue intervenido por la Policía y personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ante denuncias que se almacenaba al menos 6.000 litros de combustible de manera ilegal.
En el operativo fueron aprehendidas dos personas, tras detectarse que un vehículo realizaba cargas reiteradas de combustible a los contenedores instalados en el inmueble, informó el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez.
Durante la gestión 2023, el motorizado habría cargado más de 250.000 litros con diferentes repeticiones.
