La Interpol a nivel internacional ya ha publicado la notificación azul solicitada por Bolivia contra Sebastián Marset, en su calidad de buscado por la justicia nacional.
El narcotraficante uruguayo ya tiene sello rojo de Interpol a solicitud de Paraguay, pero ahora también tiene el sello azul requerida por Bolivia.
Con la intervención de autoridades y la familia doliente, se logró recuperar los cuerpos de un padre y su hijo que fueron quemados vivos en una comunidad del Norte de Potosí, tras ser acusados de presunto robo de vehículo indocumentado.
El linchamiento se produjo el viernes 24 de noviembre, en la comunidad de Pampa Colorada, ubicada en la jurisdicción del municipio de San Pedro de Macha en la provincia Chayanta, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, desmintió al titular de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, y aseguró que no tiene “ningún elemento” que pueda establecer que el narcotraficante Sebastián Marset se encuentra en su país.
En días pasados, la autoridad de Estado de Bolivia había señalado que tiene la “plena certeza” que el uruguayo se encontraba en Paraguay y que incluso tiene la intensión de entregarse “en los siguientes días” a las autoridades.
Dos hombres acusados de robo de vehículos indocumentados habrían sido quemados vivos, por una turba enfurecida en la comunidad de Pampa Colorada, ubicada en el municipio de San Pedro de Macha en la provincia de Chayanta, de norte de Potosí, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
Según los datos preliminares, ambos habrían sido quemados dentro de un vehículo y serían padre e hijo.
Un juez determinó este lunes la detención preventiva del excívico potosino Marco Antonio Pumari por el lapso de cinco meses en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, investigado por el proceso denominado Golpe de Estado I.
En la audiencia de medidas cautelares, se estableció la probabilidad de autoría del procesado por los delitos de terrorismo en grado de complicidad, uso indebido de bienes y servicios públicos y además de asociación delictuosa, informó el abogado Víctor Nina.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, instó este lunes que las investigaciones puedan establecer quiénes son los responsables de la fuga del narcotraficante Sebastián Marset cuando se encontraba en territorio boliviano.
Durante una entrevista este fin de semana en el programa uruguayo Santo y Seña, Marset ratificó que lo “ayudaron” a huir el 29 de julio y negó que se haya secuestrado a algún efectivo policial durante el operativo para capturarlo.
Un militar en retiro, de grado capitán, fue asesinado en su domicilio de la localidad de Guayaramerín en Beni, en un hecho que ha conmocionado a la localidad y que ahora está siendo investigado por la Policía.
El hombre fue identificado como Marco A.J. de 50 años de edad, informó el jefe nacional anticrimen, coronel Johnny Chávez.
Según el reporte policial, el militar recibió disparos en la parte dorsal del cuerpo y en la cabeza.
En la difusión de la entrevista a Sebastián Marset, el periodista uruguayo y conductor del programa “Santo y Seña”, Ignacio Álvarez, afirmó que le cree más al narcotraficante que al ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo.
El periodista hizo el comentario tras escuchar declaraciones de Del Castillo, donde acusa a Marset de faltar a la verdad y de haber dado la entrevista por desesperación.
En la esperada entrevista a Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo confirmó que le avisaron para escapar en Bolivia, pero también apuntó sobre la corrupción en Bolivia y, en particular, acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
“Él es un corrupto que usaba otro nombre, para que no dijeran Eduardo Del Castillo”, dijo Marset en la entrevista difundida en Uruguay, a tiempo de recordar un texto que difundió anteriormente sobre el Ministro boliviano.
En lo que va de la presente gestión, Tarija ha experimentado un perturbador incremento en los casos de violencia contra mujeres y niños, según reveló el Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (Ecam). De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio Público, la cifra asciende a más de 3,000 casos, lo que plantea una seria preocupación para la sociedad tarijeña.
