Seguridad

El exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, huyó del país donde tiene varios procesos judiciales en su contra por corrupción y se encontraría actualmente en el exterior, según reveló su abogado.

La asesora jurídica del municipio, Tatiana Neri, reveló que el propio abogado de Leyes señaló que el exalcalde está fuera de Bolivia, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.

Señaló que, haciéndose las averiguaciones, se verificó que Leyes no ha firmado desde enero el cuaderno de registro que estaba obligado de suscribir ante el Ministerio Público.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó este viernes que sea reciente el video viral sobre supuesto microtráfico de sustancias controladas lanzadas desde el penal de San Pedro. Consideró que hay una intencionalidad de estigmatizar a los reclusos con la difusión de esa grabación.

En el video se observa que una persona espera en afueras del penal, cuando de repente cae aparentemente una bolsa con sustancias controladas. Recoge el envoltorio del piso y se aleja del lugar.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que a nivel nacional ya se suman 14 personas detenidas preventivamente, por el delito de agio y especulación en la venta de dólares.

El coronel Douglas Uzquiano, director de esta unidad policial, señaló que el departamento con más casos es Santa Cruz con ocho.

Indicó que estas personas fueron sorprendidas vendiendo dólares en precios que llegaban a 7,90 y hasta 8,60 bolivianos.

El exministro Carlos Romero aseguró que los procesos de licitación realizados durante su gestión fueron en el marco de la transparencia y le sugirió al actual titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, que audite su propia fortuna y bienes.

“Los procesos de Adjudicación que realizamos distan en transparencia demasiado de los que realizo el Sr. Murillo.Sr. @EDelCastilloDC También le sugerimos extienda la auditoría a su propia fortuna y bienes recientemente adquiridos con ayuda de la gente de su entorno (sic)”, publicó en Twitter.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santiestevan se abstuvieron a  declarar dentro de la investigación por el paro de 36 días en Santa Cruz.

La comparecencia fue en el Módulo Policial del Plan 3.000, de la capital cruceña, en horas de la mañana dentro del proceso abierto por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instruyó este miércoles auditorías a la gestión del extitular de esa misma cartera de Estado, Carlos Romero, por presuntas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos.

Se trata del contrato 626-2018 donde se adquirieron gases lacrimógenos para la Policía, sin embargo, el ministro considera que habrían sido adquiridos de manera no directa a los proveedores de esos implementos.

En el marco de la investigación denominada “Golpe de Estado I”, el Ministerio Público decidió ampliar los delitos de instigación pública a delinquir, financiamiento al terrorismo y asociación delictuosa contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho e incluir en el mismo proceso al excívico potosino Marco Antonio Pumari.

De acuerdo con fuentes consultadas por ERBOL, el líder potosino –actualmente recluido en el penal de penal de Cantumarca, de la Villa Imperial, desde diciembre de 2021– fue incluido en el caso por del delito de asociación delictuosa.

Yassir Molina y los hermanos Mario y Favio Bascopé, integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fueron sentenciados este miércoles a seis años de cárcel en San Roque por los daños en la Fiscalía General del Estado ocurrido en octubre 2020. Otros tres implicados por el mismo caso fueron absueltos.

El Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Sucre, Emilio Pinto, estableció que los tres acusados  son autores de los delitos por los cuales fueron procesados con porte o portación Ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.

En un procedimiento abreviado, Cándido C. A., el conductor de un micro en la capital cruceña, fue sentenciado por el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal a tres años de cárcel en Palmasola por el delito de biocidio tras haber atropellado a un perro con su vehículo en pasados días.

Pese a esa determinación, se decidió que no deba estar recluido por su avanzada edad (67 años de edad), porque no tenía antecedentes y que la legislación boliviana no permite su reclusión por la cantidad de tiempo impuesto, afirmó el Fiscal Richard Almanza.

Jeanine Añez se abstuvo este miércoles de prestar declaración en los casos Senkata y Sacaba, que se desarrollan en la justicia ordinaria, sin embargo, en su escueta intervención ante los fiscales sostuvo que ellos no son competentes para juzgarla en su calidad de expresidenta.

Las fiscales de La Paz y Cochabamba decidieron visitar la cárcel de Miraflores este miércoles, primero en la mañana por el caso Senkata y en la tarde por el caso Sacaba, sin embargo, Añez optó por no responder a las preguntas.