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Un juzgado de La Paz determinó este viernes la prisión preventiva de los dirigentes “evistas” Humberto Claros y Ramiro Cucho, por cinco meses mientras se desarrollan las investigaciones por el delito de terrorismo.

Según la decisión del juez Heber Torrejón, el dirigente Claros debe cumplir la detención en la cárcel de San Pedro de La Paz, mientras que Cucho irá al penal de Patacamaya. Su situación se analizará el 15 de abril de 2025.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó este sábado que se ha iniciado un “plan de abastecimiento escalonado de combustibles para regularizar gradualmente la distribución de diésel y gasolina en toda Bolivia”.

En su mensaje en redes sociales, explicó que se garantiza la llegada de combustibles desde Argentina, Paraguay, Chile y Perú.

El Fiscal Departamental del Beni, Gerardo Balderas Arteaga, informó que el Teniente Miguel Ángel G. H. fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el delito de hurto de armamento militar, tras confirmarse su responsabilidad en el robo de tres armas de fuego del Regimiento de Infantería Selva (RIS-16) "TCNL Jordán" en Riberalta. La condena fue emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Nº1 de esa ciudad y deberá cumplirse en el penal de Riberalta.

Una pareja murió acribillada en el municipio de Entre Ríos, del departamento de Cochabamba. La Policía no logró comenzar con la investigación debido a que se los uniformados se replegaron del trópico por falta de garantías.

De acuerdo a las imágenes circulan en redes sociales, el hecho se habría registrado el 7 de noviembre, cuando unos hombres llegaron cerca de la tienda, donde se encontraban las víctimas, para abrir fuego y posteriormente huir del lugar.

Ante una convocatoria a diálogo realizada por el Defensor del Pueblo para solucionar el conflicto que atraviesa el país, el Gobierno respondió que tiene la voluntad, sin embargo, bajo la premisa de que se levanten los bloqueos y que se traten temas que atañen al Órgano Ejecutivo y no otros poderes del Estado.

La respuesta fue comunicada de manera pública la noche de este sábado por parte de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El presidente Luis Arce Catacora reafirmó este sábado su compromiso con la defensa de la democracia y la estabilidad social en el país, destacando la unidad y fortaleza del Gobierno para enfrentar los desafíos actuales. Arce subrayó que el respaldo de la población ha sido fundamental en esta misión y agradeció el apoyo constante de diversos sectores de la sociedad.

Para el presidente Luis Arce se dio un primer paso al desbloquear la vía de Cochabamba con occidente, y reiteró cualquier diálogo mientras continúen las medidas de presión de los sectores sociales “evistas” y se siga asfixiando la economía del país y la vulneración derechos.

“Hemos dado un primer paso: desbloquear Cochabamba hacia el occidente de nuestro país. Ahora continuaremos trabajando hasta liberar este departamento del secuestro al que está sometido”, publicó en sus redes sociales.

La Terminal de Buses de La Paz habilitó la noche de este viernes las salidas de los buses hacia todos los distintos destinos como Cochabamba que se encontraba bloqueado desde hace 19 días.

“La Unidad de Tránsito de la Terminal de Buses La Paz habilita las salidas a todos los destinos al haberse levantado los bloqueos registrados en las rutas hacia Cochabamba y Santa Cruz”, señala un comunicado de la terminal terrestre de la sede de gobierno.   

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) activó este lunes ante la Fiscalía una denuncia contra los sectores sociales “evistas” que tomaron el aeropuerto de Chimoré, ubicado en el departamento de Cochabamba, anunció su director ejecutivo, Elmer Pozo.

La pista de aterrizaje del aeropuerto y la calle de rodaje de la terminal aérea fue ocupada de forma sorpresiva desde este 27 de octubre en protesta por el presunto atentado que sufrió Evo Morales y en demanda del retiro de la Policía.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este sábado en Santa Cruz que los delincuentes acusados de violación y trata de personas no pueden estar por encima del Estado, sino que deben someterse a la justicia.