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La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) aclaró este martes que instaló el enmallado en cercanías del Hito 31, ubicado en Pisiga, del departamento de Oruro, frontera con Chile, con el objetivo de combatir delitos transnacionales.

La institución estatal emitió un comunicado después de difundirse en redes sociales uno video donde, personas de esa región fronteriza denuncian que el enmallado hubiera sido instalado por autoridades del vecino país.

Después de nueve días de haber instalado barricadas, la Policía habilitó este martes el ingreso para todas las personas a la Plaza Murillo. Sin embargo, advirtió que permanece en estado de “alerta” ante posibles amenazas de toma de instituciones.

En respuesta a las críticas al modelo económico de parte de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el Gobierno manifestó que el sector empresarial fue en realidad beneficiado con subvenciones, los “dólares baratos”, además de incentivos que dinamizaron la economía.

SUMANDO VOCES

Bolivia fue evaluada este martes en el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que 99 países hicieron recomendaciones, sobre todo, relacionadas a garantizar independencia judicial, las libertades fundamentales (libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación) y los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, del medioambiente, de niñas, niños y adolescentes, y de defensores de derechos, entre ellos los defensores ambientales y los periodistas.

Una mujer de 35 años, quien se dedicaba a la búsqueda de oro, fue arrastrada por la corriente de un río en la comunidad de Santa Fe, municipio de Caranavi, departamento de La Paz.

La información fue proporcionada por el coronel Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía, quien señaló que el hecho ocurrió la tarde del lunes. Desde entonces, se ha iniciado la búsqueda de la mujer.

La mujer y su pareja habían acudido al río para realizar la búsqueda de oro de manera artesanal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) baraja el lunes 17 de febrero como fecha tentativa para la Cumbre que convocará con el objetivo de “blindar” la realización de las Elecciones Generales este 2025, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

El vocal señaló que se convocará al presidente Luis Arce, así como representantes del Órgano Legislativo, cuerpo diplomático, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Explicó que el Órgano Ejecutivo debe garantizar el presupuesto de 310 millones de bolivianos y disposición de divisas de 7 millones de dólares.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Jairo Guiteras, denunció que el ministro de Educación, Omar Veliz Ramos, favoreció con designaciones y “jugosos salarios” a por lo menos a cuatro de sus sobrinos.

El opositor publicó en sus redes sociales los documentos referidos a las designaciones de los presuntos familiares del Ministro, asegurando que se trata de sus sobrinos y que existen más familiares en cargos públicos.

Todas las designaciones corresponden a cargos en el propio Ministerio de Educación, que dirige Veliz.

Los equipos de rescate lograron encontrar los cuerpos sin vida de las hermanas Jennifer Vargas (22 años de edad) y de Melani Vargas (16 años) que fueron arrastradas en pasada horas por la crecida del río Tuscapujio, en Sacaba, del departamento de Cochabamba.

El cadáver de la joven se encontraba a 10 kilómetros del punto donde se la vio por última vez, mientras que en el caso de la menor estaba a unos 25 kilómetros, informó el coordinador del Ministerio de Defensa, Samuel Pereira.

La Policía continúa con la búsqueda de Reyna Huallpa, una madre de 26 años, junto con sus dos hijos de ocho y dos años, desaparecidos desde el 30 de diciembre de 2024. Según los informes, la mujer salió de su domicilio acompañada de su presunta pareja.

En el marco de las investigaciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró ubicar una vivienda en la zona sur de La Paz. Allí se realizó un análisis forense de las cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir la ruta donde habrían desaparecido las presuntas víctimas.

Los actores de la cadena productiva y de abastecimiento, incluyendo empresarios, transporte, gremiales y otros, se han declarado en emergencia y anunciaron una “movilización contundente” para el 10 de febrero en demanda de que se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, porque consideran que es extorsiva para los actores económicos.