El principal responsable de la balacera, del 16 de noviembre, frente a una discoteca ubicada cerca de la cancha Zapata de la ciudad de La Paz, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por el lapso de seis meses.
Luego del deslizamiento que cobró la vida de una niña de cinco años y daños a varias viviendas, la Alcaldía de Achocalla negó haber autorizado los movimientos de tierra que habrían generado la mazamorra en la zona Bajo Llojeta.
El pronunciamiento surge después de que la Alcaldía de La Paz denunció que la empresa inmobiliaria Kantutani había realizado los movimientos de tierra amparada en un permiso de Achocalla, con el objetivo de ampliar el cementerio Los Andes.
Huawei Technologies desarrolló una nueva actividad en base al convenio de alianza estratégicacon la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), la Escuela de Gestión Pública (EGPP) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Este acuerdo, enfocado en promover la capacitación y el desarrollo digital en el país, fue el marco para la realización de la Conferencia Magistral sobre Inteligencia Artificial, computación en la Nube y su impacto en el gobierno y la economía.
Después de varios días de trabajo, la Policía encontró los restos de la quinta víctima que fue secuestrada, torturada, asesinada y finalmente enterrada en la comunidad de Pucamayu, ubicado en la zona de Corani-Pampa, municipio de Colomi, del departamento de Cochabamba.
“Se informa a la población boliviana que se encontró el 5to cuerpo del caso de asesinato en Pucamayu del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare (sic)”, publicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
A la cabeza del alcalde Iván Arias, se la presentado este lunes ante la Fiscalía una denuncia penal contra los propietarios y representante legal de la inmobiliaria Kantutani, debido al deslizamiento de mazamorra que dejó varias viviendas dañas y la muerte de una niña de cinco años.
El homicidio culposo está castigado con seis meses a tres años de prisión, pero se agrava hasta cinco años en caso de grave violación de los deberes inherentes a una profesión.
El país ingresó a la época de lluvias y desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se alertó este lunes que hasta mayo del próximo año podría concluir este fenómeno con el posible desborde de ríos.
El pronóstico fue emitido luego que en pasados días varias regiones hayan sido afectadas por la crecida de las aguas, afectando cultivos y viviendas de algunos departamentos.
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó este lunes que el reciente incremento en el precio del dólar cripto USDT se debe factores exógenos, como la subida en la cotización del Bitcoin y otros activos.
El dólar USDT se cotizaba en el mercado virtual boliviano alrededor de Bs10, pero en las últimas semanas ha subido de precio y llegó a Bs11,80 este lunes en Binance.
La empresa Inmobiliaria Kantutani negó que los movimientos de tierra que realizó para su Parque Cementerio hayan sido causantes de los sucesos en la zona Llojeta, donde la mazamorra dejó como saldo varias viviendas afectadas y la muerte de una niña de cinco años.
La Alcaldía de La Paz denunció que los movimientos de tierra en el Cementerio Los Andes fueron los causantes de la mazamorra. Acusó a la empresa de realizar estos trabajos con autorización del municipio de Achocalla y de desoír las advertencias realizadas al respecto.
El presidente Luis Arce pidió este lunes desde Tarija que se debe analizar la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez y transformar la educación por una cuestión de “sobrevivencia como país” y una “contundente necesidad”.
Durante la inauguración del Congreso Plurinacional de Educación 2024, dijo que se deben corregir los errores que se cometieron en el pasado para mejorar la calidad de la formación educativa.
En medio de la incertidumbre sobre el abastecimiento de combustible y la libre importación, la Confederación de Choferes se mantiene en estado de emergencia. Su pedido es que se garanticen los carburantes y que las autoridades sean claras respecto a que si se mantendrá el precio subvencionado para el sector de servicio público.
