El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Libre, Juan Pablo Velasco, acusó al viceministro de Sustancias Controladas de dedicarse a “levantar brazos de candidatos” y de ser un “operador político de guerra sucia” dejando de lado la lucha contra el narcotráfico.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) resaltó los avances en el proceso de estabilización económica y consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno comienzan a generar resultados positivos, aunque advirtió que la crisis aún no ha sido superada y se requiere compromiso del sistema político.
“El país avanza en la dirección correcta, en un momento complejo y lleno de desafíos”, señaló el ente empresarial mediante un comunicado, que también llama a evitar tanto el “exitismo y la complacencia” así como la “presión y la descalificación irracional”.
La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) realizó la segunda versión del Toque de Campana Anual – Gestión 2025, destacando a los emisores que lideraron el financiamiento a través del mercado primario y reafirmando el rol estratégico del mercado bursátil en el desarrollo económico del país.
Durante el acto, Hugo Morató, Presidente del Directorio de la BBV, destacó que el Toque de Campana Anual pone en valor a los emisores que confían en el mercado de valores como una herramienta para crecer y generar impacto económico y social.
El servicio de internet por satélite Starlink ya opera en Bolivia desde el lunes bajo una “licencia experimental” por seis meses, tiempo en el que el Gobierno trabajará en el reglamento para el ingreso de empresas que brinden este servicio, informó el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Alberto Agreda.
En paralelo, la empresa estatal Entel avanza en negociaciones con la compañía de propiedad del empresario estadounidense Elon Musk para convertirse en intermediaria del servicio.
Dos sargentos de la Policía, un varón y una mujer, han sido aprehendidos por la Fiscalía, tras haber sido denunciados de haber cobrado soborno mediante plataforma digital de código QR.
El caso se registró el 31 de enero, cuando seis personas fueron arrestadas por beber en las calles de La Paz y fueron trasladada a Conciliación Ciudadana, indicó el fiscal Johan Muñoz.
Según el informe, los policías habrían ofrecido liberar a los arrestados a cambio de que paguen Bs3.000, porque de lo contrario se iban a quedar las ocho horas.
El abogado Diego Coimbra, defensa del juez Hebert Zeballos involucrado en el caso “maletas”, afirmó que la maquinaria encontrada en la empresa de seguridad donde se hallaron casi 80 kilos de marihuana no era para el procesamiento de sustancias controladas, sino que correspondía a un proyecto paralelo para instalar una fábrica de hielo.
El Gobierno, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, manifestó este martes que la anterior administración estatal tiene la culpa por el combustible de mala calidad reportado en algunas regiones del país.
De acuerdo con la explicación, residuos dejados por la anterior administración habrían afectado la mezcla de los carburantes importados recientemente.
Tras el rescate de una mujer secuestrada en la región de Yapacaní en Santa Cruz, la Fiscalía confirmó que hubo un pago de parte de la familia para lograr la liberación, pero además la misma víctima ya había sido involucrada presuntamente con el narcotráfico.
El fiscal general Roger Mariaca indicó que el caso se reportó el 2 de febrero y que la Policía se movilizó para dar con el paradero con la víctima.
Los secuestradores habrían solicitado dinero a cambio de liberar a la víctima.
El diputado del PDC, Alejandro Medinaceli, informó que ha presentado una demanda penal contra Edmand Lara, por el delito de injuria, debido a que el vicepresidente lo involucró con hechos irregulares de presunta venta de cargos.
“Nos vamos a ver en estados judiciales”, desafió.
La semana pasada, Lara publicó un video en que implica a Medinaceli con presuntos cobros por cargos. Como prueba, mencionó un testimonio judicializado que señala al diputado y presuntos documentos de designaciones que estarían firmados por el legislador.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) rechazaron la aplicación de cobros para la acreditación de periodistas que pretendan cubrir el Carnaval de Oruro 2026, tras la circulación de un nuevo tarifario diferenciado para medios locales, nacionales e internacionales.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones ratificaron su defensa del derecho al acceso a la información y al trabajo, y calificaron como “reprochable” cualquier intento de cobrar a periodistas por el ejercicio de su labor.