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Encadenado a una cama de hospital y luego de ocho años de privación de libertad, el dueño del extinto local Katanas, Marco Cámara, denunció que ha sufrido agresiones, tortura y cobros en la cárcel de San Pedro, específicamente en la sección Pinos.

En resumen, dijo que su tiempo en el penal ha sido “lleno de tortura, abuso y coimas”.

Señaló que ingresando a la cárcel ya tuvo problemas por no quiso pagar un monto de mil dólares de “seguro de vida”. Explicó que los delegados cobran este dinero a los internos que tienen dinero.

Un juez determinó este lunes la detención domiciliaria para el secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, por la mazamorra en la zona Bajo Llojeta, ocurrida el 23 de noviembre de 2024

Junto a esa medida, la autoridad jurisdiccional dispuso en la audiencia el derecho a la salida laboral, el pago de una fianza de Bs 35.000, arraigo y la presentación ante el Ministerio Público cada 15 días.

En una situación dramático, pasajeros de Boliviana de Aviación (BoA) fueron evacuados de una aeronave que pretendía despejar desde Cochabamba, debido a un hecho de incendio.

El avión tiene matrícula CP-2923 y llevaba a 137 pasajeros y 7 tripulantes, para viajar del Aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba hacia Viru Viru en Santa Cruz.

Ante la situación de emergencia, el despegue tuvo que se ser abortado y los ocupantes fueron evacuados. La empresa explicó que se tomó esa decisión en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios del aeropuerto de Cochabamba.

Marcelo Claure anunció que desde el miércoles difundirá los resultados de su segunda encuesta nacional en Bolivia, realizada por  la empresa Panterra.

El empresario precisó que entre miércoles y jueves difundirá los datos de la opinión sobre las primarias, mientras que el jueves y viernes los referidos a preferencias políticas.

Explicó que para la encuesta se visitaron presencialmente 2.000 hogares en 280 localidades urbanas y rurales de Bolivia.

La Región / Fotos: Gobernación de Pando

Los diferentes sectores rechazaron este lunes el diálogo convocado por el Gobierno y ratificaron para el 30 de enero un “gran ampliado” donde se podrían asumir medidas de presión contra la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Fueron varias las instituciones invitadas a participar del encuentro, convocado por los ministros de Justicia y Transparencia, César Siles; de Desarrollo Rural, Yamil Flores, y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, para reglamentar la disposición en cuestión.

“Jamás llamé a una lucha armada”. De esa manera Evo Morales realizó una aclaración después de la polémica que surgió por sus declaraciones del fin de semana.

Morales dijo en su programa dominical que había recibido sugerencias para optar por una lucha armada en la pugna contra el Estado colonial. Sus detractores lo acusaron de conductas antidemocráticas y hasta terroristas.

El expresidente se pronunció este lunes, mediante redes sociales, para pedir que no lo tergiversen ni le hagan decir que no dijo.

El Gobierno de la provincia de Salta en Argentina anunció la licitación para construir un cerco de alambrado en la frontera con Bolivia, cuyo objetivo será impedir el ingreso ilegal en el sector adyacente a la oficina de migraciones en Aguas Blancas.

El cerco será de malla olímpica y se extenderá 200 metros desde la terminal de colectivos hasta la oficina de migraciones. El enmallado estará compuesto por postes de 3,5 metros en total, siendo de utilidad 2,8 metros, según publicó la administración salteña.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó este lunes al Movimiento Al Socialismo (MAS) de querer convertir a Bolivia en un “campo de batalla armada y violencia”, después de los dichos de Evo Morales.

Para el gobernador cruceño, ese tipo de “sugerencias” que recibió el exmandatario solo pueden venir de personas o estructuras que están y que operan por fuera de la ley. Aseguró que el exmandatario lleva tiempo comportándose por fuera de la ley.

Un recluso brasileño de la cárcel de Chonchocoro asesinó a un compañero de celdas el domingo. En las primeras indagaciones del hecho, el mismo confesó que había adquirido el arma de fuego de un policía, al cual habría pagado 4 mil bolivianos.

La información fue proporcionada por el coronel Rodolfo Machicado, director nacional de Seguridad Penitenciaria, quien indicó que el caso será objeto de una investigación.