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La defensa legal de Jeanine Añez consideró que el pronunciamiento del Relator de la ONU, Diego García-Sayán, sobre el juicio contra la exmandataria, es “una crítica bastante fuerte para el Estado boliviano” que no debe tomarse a la ligera.

“La crítica de García-Sayán nos está diciendo que nuestro Estado de Derecho está desapareciendo y cuando un Estado de Derecho desaparece, por ende en consecuencia nos convertimos en un Estado mucho más autoritario”, dijo Luis Guillén, abogado de Añez.

Autoridades aprehendieron al Fiscal de Delitos en Razón de Género de El Alto, Limbert M.O.C., acusado de haber pedido, por intermedio de su pasante, 500 dólares a litigantes a cambio de viabilizar un procedimiento abreviado en un caso de violencia familiar.

Según la investigación del Ministerio Público, el 8 de junio las víctimas fueron convocadas al despacho del Fiscal, quien les habría manifestado que no podía ayudarlas. Sin embargo, llamó a su pasante ad honorem Sergio R.H.M. y le habló al oído. 

Luego del cuestionamiento del Relator de la ONU, Diego García Sayán, al proceso ordinario contra Jeanine Añez, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, llamó a que se anule el juicio que se desarrolló contra la expresidenta y que se procese a los jueces que consideró “serviles”.

Después de que Diego García-Sayán expresó su preocupación por posible intervención política en el proceso contra Jeanine Añez, el expresidente Evo Morales arremetió contra el Relator de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, acusándolo de apoyar a “golpistas” y de “intervencionismo judicial”.

El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, afirmó este martes que el pronunciamiento del rrelator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, sobre el juicio contra Jeanine Añez evidencia la “injerencia y manipulación” del oficialismo en la justicia.

Según el legislador, con las declaraciones del representante internacional “muere jurídicamente el proceso” contra la exmandataria y la condena “infame” por el denominado caso Golpe de Estado II donde fue sentenciada a 10 años de cárcel.

Fuente: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el martes que convocará una reunión de su comité de urgencia el 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa una "emergencia de salud pública de alcance internacional".

La proliferación actual de casos es "inusual y preocupante", declaró su director Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferencia de prensa, para justificar esta futura reunión.

El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, expresó este martes su preocupación por las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre una reunión en la que se habría definió un juicio ordinario contra Jeanine Añez y dijo que la exmandataria tiene derecho a un juicio de responsabilidades.

Para el 22 de junio fue convocado el Movimiento Al Socialismo (MAS) a un ampliado de emergencia para evaluar la gestión del presidente Luis Arce, su gabinete de ministros, “infiltrados” e incluso posibles denuncias contra el vicepresidente David Choquehuanca de buscar conformar una nueva estructura política.

El encuentro será en el municipio cochabambino de Sacaba donde fueron convocados todos los dirigentes políticos del MAS-IPSP de los nueve departamentos, además de presentantes de los sectores sociales que aglutinan el Pacto de Unidad.

Tras conocerse la sentencia por el caso denominado “Golpe de Estado II”, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que Jeanine Añez es la principal actora de este hecho, sin embargo, hay personas que coadyuvaron y estos se esclarecerá en el caso “Golpe I”.

Lima sostuvo que existió un “Golpe de Estado” por la violación de la Constitución y reglamentos del Legislativo, mediante una intervención coordinada entre diferentes actores políticos.

Fuente: EUROPA PRESS

Las cárceles de El Salvador han visto duplicada su población penitenciaria en apenas 77 días, desde el inicio del estado de excepción decretado a finales de marzo y prorrogado en varias ocasiones para hacer frente a una ola de violencia que azotaba la nación centroamericana.