El jugador de la selección boliviana Sub-20 Gabriel Montaño habló sobre su convocatoria y las prácticas que realiza junto con la selección mayor, enfocándose en obtener un buen resultado en el Sudamericano.
El ingeniero Juan Méndez, encargado del mantenimiento del campo de juego del estadio Hernando Siles, informó este jueves sobre los trabajos de mantenimiento que se están realizando en el recinto miraflorino. Aclaró también que el club Bolívar solo colabora con la parte estética del terreno de juego.
El expresidente Evo Morales decidió levantar su huelga de hambre, mientras que el Pacto de Unidad “evista” convocó para el domingo 10 de noviembre a un ampliado de emergencia donde analizará la coyuntura política y social del país.
El dirigente cocalero, Dieter Mendoza, leyó un manifiesto donde señala que fue a pedido de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que el exmandatario ponga fin a su medida de presión que fue activada desde hace siete días.
El presidente Luis Arce estará la próxima semana en Santa Cruz para reunirse con representantes de la Cámara Agropecuaria el Oriente (CAO) en atención a la invitación que se hizo para tratar temas referentes al abastecimiento del diésel, la liberación de exportaciones, entre otros.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que este encuentro se llevará en el marco de escuchar y buscar solucionar a los temas que demanda el sector que fue afectado por el bloqueo de 24 días de la facción “evista” y la falta de combustible.
A través de un pronunciamiento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideró el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como un antecedente “negativo y peligroso” y anunció acciones legales para que preservar el normal desarrollo de las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre.
El Gobierno y diferentes instituciones acordaron este jueves garantizar la provisión de combustible para el sector productivo y el transporte de insumos y productos para la campaña de verano.
Las acciones asumidas buscan contrarrestar los efectos que ocasionaron en la economía de diferentes rubros que se vieron afectados por los 24 días del bloqueo promovido por las organizaciones sociales “evistas”.
En una reunión preparatoria este jueves, representantes del Gobierno y el ala “evista” acordaron las modalidades del diálogo que se instalará el viernes en instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
“Se han hecho acuerdo preliminares con relación no solamente a temas que están en el pliego petitorio que ha sido presentado en septiembre y también en octubre, sino también con relación a la metodología que se va a adoptar”, indicó Nelson Cox del ala “evista”.
De ambos bandos, confirmaron que se acordó la instalación de tres mesas de diálogo.
Un grupo de precandidatos a la Presidencia de Bolivia invitó a diferentes líderes políticos de oposición a sumarse al bloque denominado “Unidad Disputada” de cara a los comicios generales del próximo año.
Las cartas fueron cursadas al gobernador cruceño, Fernando Camacho; el expresidente Jorge Tuto Quiroga; el empresario Samuel Doria Medina; el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; el senador Rodrigo Paz y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Después de recibir denuncias de vecinos, la Policía intervino una vivienda en la zona Senkata de El Alto, donde se desarrollaban actividades ilegales de falsificación de cervezas.
La información fue proporcionada por el comandante departamental, coronel Gunther Agudo, quien indicó que además se procedió a la aprehensión de cuatro personas en el operativo.
Se encontró en el lugar dos mil etiquetas falsificadas, 30 mil capuchones, una tapadora artesanal y tres moldes de serigrafía, donde realizaban el colocado de la marca de la cerveza.
Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales, se declaró este jueves un perseguido político por el proceso judicial que se lo pretende incluir por los 23 días de bloqueo de carreteras, y denunció que Gobierno asumió una “lógica de destruir al adversario político”.
Consideró que, desde los ministerios de Justicia, Gobierno y la Procuraduría General del Estado se “presiona” a la Fiscalía para activar procesos en su contra y emitir una orden de aprehensión.
