La Policía logró la aprehensión de un hombre, funcionario municipal de La Paz, que había realizado el cobro de un soborno a una empresa constructora.
Según el coronel Roberto Cuenca de la fuerza anticrimen, el aprehendido tiene unos 37 años de edad y se había presentado como funcionario de fiscalización y supervisión de obras del Gobierno Municipal.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó este jueves que ya está confirmada la llegada al país de misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), para participar como observadoras de las elecciones subnacionales.
Romero indicó que también se recibirá a otras varias instituciones que expresaron su interés por observar el proceso electoral, pero reconoció que la cantidad de veedores será menor respecto a los anteriores comicios.
“No puede ser que las encuestadoras le mientan al pueblo”. Bajo esa premisa el diputado del MAS, Renán Cabezas, reveló que está trabajando en un proyecto de ley que busca regular la labor de las empresas que realizan encuestas, con el objetivo de evitar la “desinformación”.
“No cualquiera puede venir a ofender a esta tierra y en la tarde pedir disculpas”. Así respondió el alcalde de Uyuni, Moisés Cruz, luego de conocer las disculpas de Frances P, una turista cruceña quien causó polémica por sus dichos en redes sociales en contra de esa ciudad potosina.
El burgomaestre ratificó la denuncia penal en el Ministerio Público vinculado a los delitos de racismo y discriminación. Los documentos con las bases jurídicas serán presentados este jueves, anunció en entrevista con Cadena A.
En medio de advertencias de un paro médico y dentro del plazo establecido, la Ley de Emergencia Sanitaria fue finalmente promulgada este miércoles por el presidente Luis Arce Catacora, de acuerdo a una publicación de la Gaceta Oficial de Bolivia.
La polémica norma es rechazada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) que observó varios artículos. Hace semanas, el sector atrás advirtió con asumir medidas de presión de no ser convocados por el Ejecutivo y en caso de que se conozca su promulgación.
En sesión reservada, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la tarde de este miércoles la designación de Nardy Suxo como la nueva embajadora de Bolivia en España y de Elmer Catarina como representante del país en Uruguay. Ambas exautoridades formaron parte del anterior Gobierno, cuestionó la oposición.
El presidente de la Cámara Alta, Andronico Rodríguez, confirmó a los medios el tratamiento que se tuvo a ambos cargos diplomáticos ya que habían quedado pendientes antes hace semanas atrás.
El dirigente Jesús Vera descartó que vaya a acogerse a la amnistía decretada por el presidente Luis Arce para “perseguidos” del Gobierno de Jeanine Añez. Por el contrario, insistió en que es inocente en los procesos en su contra y que espera disculpas de parte de Luis Revilla y Waldo Albarracín al respecto.
“En lo personal Jesús Vera no va a pedir amnistía o acogerse a este decreto, porque nosotros hemos demostrado que no hemos sido parte de la quema de los PumaKatari”, afirmó en contacto con ERBOL.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, anunció que la erradicación de coca excedentaria correspondiente al 2021 comenzaría a mediados de marzo, esto debido a que no se podía con anterioridad por la pandemia.
El Gobierno anunció el desembolso de Bs 114 millones que se tenían adeudados a trabajadores de 37 empresas subcontratadas por la Asociación Accidental Tunari (AAT), encargada de ejecutar el proyecto del Tren Metropolitano en el departamento de Cochabamba.
Los trabajos habían sufrido retrasos por la falta de cancelación de la planilla de salarios a trabajadores de las firmas que construyen las tres líneas que conforman el proyecto iniciado en agosto de 2017. El pasado año ocurrió similar problema tras la pandemia.
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este miércoles que se ha devuelto 351 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el crédito gestionado por el Gobierno de Jeanine Añez, debido a que con el mismo no se habría cumplido con preceptos legales y de beneficio para el país.