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La Fiscalía presentó la imputación formal por dos delitos contra el exdirector de Educación Superior del Ministerio de Educación, Agustín Tarifa, para quien solicita su detención preventiva en el penal de San Pedro por el caso de tráfico de influencias en la designación de cargos directivos.

La imputación contra Tarifa es por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía pidió la detención en el penal de San Pedro por cuatro meses, mientras dura la investigación.

Una pareja de esposos fue arrastrada por la crecida del agua que se registró por las precipitaciones fluviales en la comunidad de Suquiestaca en el municipio de Camargo, informó el alcalde Dorfio Mansilla.

Al momento del reporte, realizado este miércoles, el Alcalde señaló que se había logrado rescatar el cuerpo sin vida de la mujer y que se estaban conformando brigadas para encontrar al varón desaparecido.

Tras la jornada de violencia en el barrio de Villa Fátima en La Paz por el conflicto del mercado de la coca, la Defensoría del Pueblo advirtió que la Policía hizo un uso desproporcional de la fuerza, pero además,  que los cocaleros movilizados utilizaron artefactos explosivos.

El delegado Adjunto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, Daniel Ramírez, Daniel Ramírez, consideró que hubo además un indiscriminado uso de gases lacrimógenos para reprimir al sector movilizado de Armin Lluta y afirmó que debe de investigarse y establecer responsabilidades.   

El jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Alberto Aguilar, informó este miércoles que se está investigando por el tipo penal de homicidio culposo la muerte del conscripto de la Armada, ocurrida en la región de Riberalta en Beni.     

El hecho investigado se registró el 18 de septiembre, cuando un grupo de siete marineros y una sargento instructora estaban en una embarcación en el río Beni, para una revista de curso de operaciones fluviales.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga consideró que existió un “doble abuso” de parte del gobierno en el conflicto de Adepcoca, puesto que por una parte se tomó el mercado de la coca en La Paz y hubo agresiones a la prensa que reflejaron esa situación.

“El gobierno de cocaleros del Chapare toma la sede sindical de la competencia (Yungas), y arremete contra periodistas que reflejan esta acción. Doble abuso”, publicó Quiroga en su cuenta de Twitter.

La radio yungueña FmBolivia denunció el asalto y robo de equipos que sufrió de  oficinas ubicadas en el mercado de Adepcoca, en la ciudad de La Paz, por lo cual exigió al gobierno que investigue lo sucedido.

Mediante su cuenta de Facebook, la emisora señaló que le robaron consola, micrófonos y otras herramientas de trabajo.

Consideró que este es un hecho delictivo, además de un atentado contra la prensa, al derecho a la información del ciudadano y la libertad de expresión.

“Son estos momentos tan históricos que tiene mi historia en Bolivia los que me hacen fuerte y agradecida a la vida”. Así la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, describió la importancia que tiene para ella el acompañamiento que hace a la 11ª Marcha Indígena que se dirige a la ciudad de Santa Cruz.

Carvajal se sumó a la movilización el martes. Dijo que siente una tristeza enorme porque puede percibir la pobreza en los niños, en los mayores, y la necesidad que tienen de ser atendidos. 

La variante delta, presente en 185 países, ha sustituido en gran medida a las otras tres variantes preocupantes, alfa, beta y gamma, que ahora representan cada una menos del 1% de los casos secuenciados, dijo la OMS el martes.

Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2 responsable del covid-19, mutan con el tiempo.

La resolución ministerial que ordenaba el traslado del mercado de la coca de Villa Fátima a la sede del Sindicato Mixto de Transportes Señor de Mayo, ubicado en Kalajahuira, fue dejada sin efecto por el Gobierno quien a su vez lanzó una advertencia a los “grupos minoritarios”  que busquen agredir a entidad cocalera se procederá como señala la norma vigente.

La justicia chilena dictó sentencia condenatoria contra el boliviano Santiago E. R. O., como autor del delito consumado de tráfico de migrantes, de carácter reiterado en la región de Tocopilla. 

La pena contra el boliviano es de 800 días de reclusión, pero también tiene una sanción pecuniaria. Sin embargo, al ser extranjero, se determinó la expulsión de Chile con prohibición de ingreso por un periodo de 10 años, según la Fiscalía chilena.