Sección

El director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco, también fue aprehendido este martes por el caso de presunta corrupción en la compra de 170 respiradores de emergencia.

El funcionario fue llevado en horas de la noche a la FELCC, donde tuvo un breve contacto con los medios de comunicación.

La AISEM es la entidad encargada de la contratación de los equipos de ventilación, así como de otros insumos para enfrentar la pandemia. 

El ministro de Obras Públicas y Servicios, Iván Arias, pidió desde la ciudad de Oruro a los sectores que van a iniciar la apertura de sus actividades, como los comerciantes y transportistas, que la flexibilización de la cuarentena se realice de forma ordenada y concertada para no ir de manera irresponsable a hacia la muerte por causa de la pandemia.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió este martes a Fernando Valenzuela, alto funcionario del Ministerio de Salud, por la polémica adquisición de los 170 respiradores de origen español que compró el gobierno, informó el Ministerio de Gobierno. 

Según información del Ministerio de Salud, Valenzuela es el Director Jurídico de esa cartera de Estado.

La presidenta Jeanine Añez informó este martes que se ha iniciado una investigación respecto a la compra de los respiradores de origen español y, en ese marco, pidió cárcel para quienes se hayan llevado dinero de manera ilegal.

“Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, indicó mediante Twitter la mandataria.

La adquisición de los respiradores de emergencia de parte del Gobierno está en el “ojo de la tormenta”. Después de nuevas revelaciones sobre el precio que ofrece la fábrica, con respecto al que pagó el Estado, abundaron los pedidos de fiscalización de la compra y, además, solicitudes de que entidades como la Contraloría y la Fiscalía intervengan e investiguen de oficio lo sucedido.

La familia del expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Beni (APDH-Beni) Juan Acosta Callaú, elevó este martes una queja pública por la pésima atención que recibió  su padre en el Centro Centinela de Trinidad, donde a la falta de equipos de ventilación artificial para casos de coronavirus, el hijo tuvo que asistirlo dándole una respiración  “boca a boca”.

La alcaldesa Soledad Chapetón informó este martes que se ha acordado un proyecto de ley municipal, mediante la cual los gremiales de la ciudad de El Alto podrán trabajar al 50% de su capacidad, con restricción de días y horario, además de cumplir con medidas de bioseguridad.

Explicó que en el caso de ferias barriales se permitirá su actividad al 50% de capacidad los días martes y jueves.

En un contexto en que la Banca a nivel nacional ha potenciado sus plataformas digitales, para brindar servicios por internet sin la necesidad que sus usuarios salgan de casa, HUAWEI recordó que, a través de su AppGallery, las aplicaciones móviles oficiales de los bancos a nivel nacional se encuentran disponibles para ser descargadas fácilmente.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomienda el uso de Ivermectina para el tratamiento de Covid-19, debido a que no ha encontrado estudios concluyentes al respecto, sin embargo, expresó su apertura a que científicos hagan estudios de investigación al respecto.

La posición fue expresada por Sylvain Aldighieri, Director adjunto de Emergencias y gerente de incidente para Covid-19 de la OPS, que a través de una sesión virtual informativa respondió a preguntas sobre el uso de la Ivermectina que se realiza en Bolivia.

Mediante la Resolución Normativa de Directorio, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dejó sin efecto la implementación del Sistema de Facturación Electrónica (SFE), después de realizar un análisis técnico que tomó en cuenta la actual situación económica del país, agravada por la emergencia sanitaria del COVID-19, que impide el normal desarrollo de las actividades de los contribuyentes.

El SFE debía implementarse desde el 1 de junio de este año, de acuerdo con un cronograma, que contemplaba la clasificación de los contribuyentes.