Iglesias Evangélicas Unidas ha presentado una Acción Popular cuyo objetivo es que el presidente Rodrigo Paz decrete estado de excepción, para despejar las vías de los bloqueos de carreteras.
La información fue proporcionada por el presidente de la organización, Luis Aruquipa, quien indicó que se está pidiendo la declaratoria de estado de excepción por conmoción interna.
El presidente Rodrigo Paz emitió el Decreto Supremo 2630, el cual habilita mecanismos de refinanciamiento y reprogramación de créditos bancarios, además de la posibilidad de periodos de gracia o prórroga para sectores afectados por los bloqueos, conflictos sociales o eventos adversos.
La norma dispone que las entidades de intermediación financiera atiendan, evalúen y aprueben solicitudes de refinanciamiento o reprogramación presentadas voluntariamente por clientes cuyos ingresos se hayan visto afectados.
El arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, consideró que, ante la crisis provocada por los bloqueos y la presunta participación de sectores vinculados al narcotráfico, el estado de excepción debería aplicarse de forma regionalizada, especialmente en el Chapare.
El Gobierno informó que canalizará 39 toneladas de ayuda humanitaria donadas por Brasil, Perú, Chile y Paraguay a través de la Gobernación de La Paz. De ese total, este lunes se entregaron 25 toneladas, mientras que el resto del cargamento aún se encuentran en proceso de traslado hacia La Paz desde Santa Cruz.
La Defensoría del Pueblo identificó tres observaciones a la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada este lunes. La institución advirtió que algunos artículos podrían afectar los mecanismos de control y la protección de los derechos humanos.
“Cualquier limitación a derechos debe tener una mirada restrictiva, porque si no, de lo contrario, puede haber desbordes”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en La Tarde en Directo de ERBOL al referirse a la nueva normativa aprobada por el Gobierno.
En audiencia cautelar, la justicia determinó la detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro para Bernabé Gutiérrez, dirigente de los Ponchos Rojos, denunciado por presuntamente instigar un alzamiento armado.
La aprehensión de Gutiérrez se produjo en la ciudad de El Alto. El dirigente, quien actualmente se desempeñaba como responsable del comité de conflictos de los Ponchos Rojos, fue denunciado por el Gobierno tras la difusión de videos donde se observa a personas encapuchadas portando armamento.
En medio del conflicto con el Gobierno, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba manifestó este lunes que defenderán a Evo Morales, incluso como un “escudo humano” ante cualquier arremetida.
“Nosotros, como la región del Trópico de Cochabamba, somos el escudo humano. Y si este Gobierno viene, arremete, interviene en el Trópico de Cochabamba, no solamente va a estar nuestro hermano Evo Morales ahí, va a estar toda la población del Trópico de Cochabamba”, manifestó en conferencia de prensa el dirigente Víctor Mencía junto a otros ejecutivos de la región.
La Aduana Nacional expresó su pesar por el fallecimiento del Sargento Segundo de la Armada Boliviana, Abraham Gutiérrez Mamani, quien perdió la vida en cumplimiento del deber durante un operativo de lucha contra el contrabando en el departamento de Oruro.
Según la entidad, se habría logrado la interceptación de tres vehículos vinculados a actividades ilícitas y la aprehensión de cuatro personas. Sin embargo, en el intento de fuga de uno de los motorizados se produjo un enfrentamiento armado que derivó en la trágica pérdida del uniformado.
La Fiscalía de La Paz informó este lunes que el gente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, ha sido aprehendido en el marco de las investigaciones por el caso denominado gasolina basura.
El fiscal Aldo Meza explicó que la Gerencia de Comercialización habría instruido distribuir el combustible que contenía elementos nocivos para los vehículos.
Señaló que existen parámetros para la gasolina, pero se tenía conocimiento que el carburante distribuido era de mala calidad.
El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, afirmó que el Gobierno cometió un error al permitir la participación de civiles en el operativo de desbloqueo realizado en ese municipio cruceño y exigió una disculpa pública de parte de las autoridades por los hechos de violencia que se desencadenaron posteriormente.
