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Los estándares interamericanos de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú y la gestión de conflictos socioambientales serán los principales temas de análisis en el seminario internacional “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo: Desafíos Regionales y Mecanismos de Protección”, que se realizará este miércoles 12 de agosto, desde las 18:00, en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

El dirigente vecinal Justino Apaza ha salido este miércoles de la cárcel de San Pedro, luego de dos meses y medio de prisión preventiva por el caso bloqueos. Ahora se defenderá en este proceso con detención domiciliaria.

Apaza fue aprehendido a inicios de junio, como uno de los responsables de los bloqueos de caminos. Entonces, el mismo se desempeñaba como presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales.

La bancada de la alianza Libre ha mostrado fisuras en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por un lado, están los afines a Jorge Tuto Quiroga, quienes denuncian intenciones de transfugio en sus filas, mientras que por otro lado están los partidos Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Demócratas y aliados como Branko Marinkovic, que han reaccionado molestos antes los señalamientos y cuestionaron que se pretenda realizar imposiciones.

Edmand Lara deslindó responsabilidades por la denuncia de que supuestamente se habría pagado más de 100 mil bolivianos para un almuerzo auspiciado por Vicepresidencia. Aseguró que él no dispone de presupuesto.

La afirmación surge después de que el exdiputado Amilcar Barral, quien cuestionó a Lara por el almuerzo que ofreció la Vicepresidencia por el 6 de agosto que, según indicó, costó más de 100 mil bolivianos solo en la comida.

“Yo no tengo presupuesto ni siquiera para comprar un bolígrafo, no tengo la atribución ni siquiera para contratar personal”, manifestó.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reportó la presencia de bacterias resistentes a antibióticos en las redes de distribución de agua potable de La Paz, según explicó María Teresa Álvarez, docente investigadora, durante la presentación del diagnóstico de calidad del agua elaborado por la institución.

La Copa Simón Bolívar 2026 definió los grupos de su fase nacional, instancia que reunirá a 24 equipos que buscarán avanzar en la competencia y mantener vigente el sueño de alcanzar el ascenso al fútbol profesional boliviano. El sorteo distribuyó a los clubes clasificados en seis series de cuatro integrantes cada una, con representación de distintos departamentos del país.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió que la delincuencia gana terreno ante la ausencia del Estado y manifestó su esperanza de que se tomen decisiones más fuertes en temas de seguridad interna.

Saucedo se pronuncia después de una ola de asesinatos que ha sacudido principalmente la frontera con Brasil, en hechos delictivos vinculados con organizaciones criminales internacionales y narcotráfico.

El presidente Rodrigo Paz calificó de “circo” lo ocurrido en Bolivia durante los últimos 20 años y afirmó que el país no alcanzó la soberanía energética que, según dijo, fue prometida durante el periodo de bonanza del gas.

“Todo lo que ha pasado en el país ha sido un circo, un circo donde nos decían que íbamos a tener soberanía energética y el chaqueño sabe, especialmente el chaqueño, que no hay soberanía energética. Sí hubieron recursos, pero esos recursos no vinieron del esfuerzo durante  20 años”, afirmó Paz desde Yacuiba durante la entrega del tramo Acheral - Choere.

The Strongest dio un paso importante para destrabar su situación jurídica y volver a pensar en refuerzos, luego de que la FIFA levantara la restricción vinculada a la Cámara de Compensación. El asesor jurídico del club, Dany López, confirmó que el pago fue realizado el 21 de julio y que, tras la revisión de la documentación correspondiente, la prohibición quedó sin efecto. Para la institución, esta resolución representa un avance en medio de los problemas que arrastra para registrar nuevos futbolistas.

El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), negó que exista una “compra” de senadores o diputados en la Asamblea Legislativa y rechazó las acusaciones de que se estaría fomentando el transfugio o traición política.

El pronunciamiento surge cuando parlamentarios, principalmente de Libre, denunciaron que el Gobierno estaría acudiendo a la prebenda para “comprar” votos.