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El Gobierno presentó este jueves los resultados de la investigación policial en el caso fraude electoral, en el mismo que se identificaron a ciudadanos mexicanos, políticos aliados del presidente Manuel López Obrador, entre quienes participaron en las presuntas irregularidades.

Según la investigación, mexicanos que llegaron al país antes de las elecciones y que habrían realizado actividades irregulares son parte del Partido del Trabajo, el cual forma parte de la alianza de Andrés Manuel López Obrador.

El Frente Para la Victoria (FPV), liderado por Chi Hyun Chung, formalizó este jueves su desafío a Luis Fernando Camacho para debatir sobre la palabra de Dios, con la intención de “desenmascarar” al candidato de Creemos, a quien considera como un “anticristo” y “falso profeta”.

La nota formal, firmada por Chi, fue entregada a la representación de Creemos, informó el vocero del FPV, Leopoldo Chui.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, advirtió a los movimientos sociales afines al MAS que, si concretan sus amenazas de convulsionar el país el día de las elecciones, los esperarán “con la ley en la mano como tiene que ser”.

En declaraciones a Erbol dijo que el gobierno trabaja con mucha responsabilidad un plan operativo para movilizar unos 30 mil policías, en una acción conjunta con las Fuerzas Armadas ante las amenazas de convulsión de parte de los seguidores de Evo Morales. 

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que se ha dispuesto el despliegue de patrullas móviles policiales con el objetivo de contrarrestar los casos de violencia que se han registrado en la campaña.

Indicó que el patrullaje forma parte del plan operativo a desarrollarse en la etapa preelectoral.

“Se prevé patrullas móviles de toda la Policía a nivel nacional para tratar de baja la violencia preelectoral que se está viendo en estos momentos”, dijo Issa a Unitel.

La Armada, mediante un comunicado, desmintió las versiones sobre un presunto asalto y toma de puesto militar en la frontera con Brasil.

El rumor en redes sociales señalaba que un puesto naval en Guayaramerín había sido tomado por delincuentes y que había pérdida de vidas humanas y robo de armamento.

El periodista y Director de Contenidos del periódico El Potosí, Juan José Toro, denunció que fue agredido, recibió amenazas de muerte y, además, sufrió la sustracción de su grabadora y daño a un teléfono celular, de parte de mineros cooperativistas que se organizaron para impedir una inspección en el Cerro Rico.

La inspección se pretendía realizar junto a entidad como el Comité Cívico Potosinista, debido a las preocupaciones sobre el deterioro del Cerro Rico por la actividad minera, caso que el periódico El Potosí investiga.

Radio Pío XI, Uncía

Los mineros cooperativistas que explotan estaño, plata, zinc en Llallagua y Uncía se encuentran preocupados por las contantes observaciones que reciben de parte de la secretaria departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Potosí y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sobre el impacto ambiental y la contaminación que genera la actividad minera en esta región norte del departamento de Potosí.

El ministro a.i. de Economía Gonzalo Quiroga posesionó a José Joaquín Aponte Zambrana como nuevo presidente de la Aduana Nacional, quien anunció que su gestión tratará de maximizar la recaudación en lo que resta del año.

Dijo que asegura una gestión de transparencia, procesos con bastante eficiencia y protección a la producción nacional y, entre sus objetivos principales, está dejar una entidad con proyección internacional.

La diputada opositora Norma Piérola denunció este miércoles un “pacto de impunidad” entre la Asamblea Legislativa del MAS y la Fiscalía General del Estado a la cabeza de Juan Lanchipa, porque mientras el primero convirtió la figura jurídica de los juicios de responsabilidades en proceso disciplinarios y el segundo dilata las investigaciones contra Evo Morales de fraude electoral y sedición.

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció este miércoles que se presentará una denuncia penal contra Luis Arce Catacora, su esposa e hijos, tras conocerse presuntos movimientos financieros sospechosos en que habrían incurrido.

El anuncio se realizó después de conocerse un informe de la Unidad de Investigaciones Financieros (UIF) sobre los movimientos financieros de Arce y sus familiares.

Según Melgar, los hijos de Arce, sin tener un flujo de movimiento de dinero, empezaron a adquirir inmuebles.