Sección

La Unión Europea y Alemania expresaron este miércoles su disposición de apoyar el trabajo de auditoría al proceso electoral para contribuir a la pacificación interna de Bolivia.

A través de su cuenta de twitter, el embajador alemán en La Paz, Stefan Duppel, informó que su gobierno ofreció apoyar con unos 100.000 euros al trabajo de auditoría que realizarán a partir de este jueves unos 30 técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La presidenta de Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Sandra Kettels, renunció a su cargo por desacuerdos con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“No puedo formar parte de un Órgano Electoral Plurinacional, con el que estoy en desacuerdo con las interpretaciones a la normativa  electoral al cierre del Cómputo Nacional en el marco del artículo 177 de la Ley 026, en determinados departamentos”, afirma Kettels en su renuncia.

Un informe de la empresa Neotec, contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), revela que la suspensión del sistema TREP se produjo por orden de los vocales, excepto Antonio Costas, pero además se le cortó el servicio del internet hasta el día siguiente de las elecciones y hubo observaciones de las autoridades electorales al cambio de tendencias del conteo de votación.

El informe fue divulgado por el senador Yerko Núñez, para quien el documento se constituye en prueba de irregularidades en el proceso electoral.

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anunció al mediodía de este miércoles, que no acepta la auditoria en los actuales términos pactados unilateralmente entre el gobernante MAS y la OEA.

El universitario José Fernando Jaldín Flores perdió el ojo izquierdo, después de que recibió el impacto de una granada de gas que le causó una grave lesión.

La información fue proporcionada por el propio estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Nuestra Señora de La Paz.

Relató que el viernes sufrió la lesión, cuando la Policía intervino la protesta de los jóvenes que se realizaba cerca a la UMSA. Casi a la medianoche, el contingente gasificó a los manifestantes.

La Policía capturó en horas de la madrugada a 16 personas del grupo conocido como de los “motoqueros”, que protagonizaron las movilizaciones que rechazan el presunto fraude electoral en la ciudad de Cochabamba, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.

Se trata de ciudadanos que, a bordo de motocicletas, se movilizaron frente a las marchas de afines del MAS que ingresaron a la urbe. Se le atribuye hechos de vandalismo.    

El abogado Ludwing Ledezma informó que las personas capturadas pasaron a estar en calidad de aprehendidas por decisión del Ministerio Público.           

El Gobierno de Bolivia y la OEA pactaron un acuerdo, mediante el cual se dispone que se realizará la anunciada auditoría a las elecciones de manera integral y con resultado vinculante, a partir de este jueves 31 de octubre.

La información fue proporciona por el canciller Diego Pary, quien indicó que llegarán alrededor de 30 expertos para revisar la documentación que emanó del proceso electoral.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a organizaciones afines al MAS, justificó el uso de la dinamita en sus movilizaciones bajo al argumento de que recuperó y defiende la democracia gracias al explosivo.

En sus marchas en apoyo a Evo Morales, los mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Conalcam detonaron dinamitas, a pesar de que el uso del explosivo está prohibido por norma.

Organizaciones sociales afines al Gobierno instalaron este martes una vigilia en el alrededores de la Plaza Murillo, con el objetivo de quedarse el tiempo que sea necesario para dar “seguridad” a la Casa Grande del Pueblo, informó el vicepresidente del MAS, Gerardo García.    

“Los días que sea necesario (se quedará la vigilia), estamos en reuniones permanentes, en ese sentido nos declaramos en estado en emergencia y vamos seguir permanentes, vigilantes, pendientes”, manifestó el dirigente.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió este martes un pronunciamiento, en el que destacan su pedido de respeto a la voluntad del pueblo en un país democrático, y además expresan su temor de que los conflictos ocasionen una escalada de violencia y la destrucción del aparato productivo.