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El Gobierno solicitó formalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la revisión previa de dos proyectos de ley, la que autorizan el uso del dióxido de claro y la que regula la censura a ministros, con el objetivo de que se establezca si son acordes a la Constitución Política del Estado.

La ley del dióxido de cloro autorizaría el uso de ese químico para prevenir y tratar la COVID-19, mientras que la ley de censura establecería que los ministros censurados por la Asamblea no pueden volver al cargo en tres años.

El Gobierno anunció que habrá un reglamento a la ley de diferimiento de créditos, con el objetivo de analizar una diferenciación entre las personas que sí pueden pagar sus cuotas bancarias.

La ley, promulgada por la presidenta Jeanine Añez, dispone el diferimiento en el pago de amortizaciones en créditos hasta el 31 de diciembre de 2020, debido a la pandemia.

Desde las orillas del lago Titicaca, en la ciudad de Copacabana, una institución educativa muestra el camino que podría seguir la educación a distancia en Bolivia en tiempos de pandemia del coronavirus.

Se trata de la Unidad Educativa 6 de Junio, donde los padres de familia, los maestros y los estudiantes, tras los contratiempos de la pandemia y las decisiones de las autoridades, llegaron a un acuerdo: seguir con las clases pero mediante la modalidad de educación a distancia, reportó radio Copacabana de la Red ERBOL.

La presidenta Jeanine Añez informó este martes por la noche que ha promulgado la ley de diferimiento en el pago de créditos bancarios, con lo cual la norma ya rige a nivel nacional.

“Es una ley que favorece a las familias ofreciendo un alivio económico en la pandemia. Juntos vamos a salir adelante”, señaló la mandataria, a través de su cuenta de Twitter.

Bolivia acumuló 110.999 contagios de COVID-19 desde el brote de la enfermedad en marzo pasado, el 52% son casos activos, informó este martes el Ministerio de Salud.

El conteo oficial registró esta jornada 851 nuevos pacientes con coronavirus distribuidos en los departamentos de La Paz (214), Santa Cruz (179), Potosí (112), Tarija (84), Chuquisaca (81), Beni (80), Cochabamba (61), Pando (22) y Oruro (18).

El director de Comunicación de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos Andrade, informó este martes que en los rastrillajes que se hicieron en 21 municipios del área rural se realizaron 703 pruebas rápidas de las cuales 356 salieron positivas a COVID 19.

Ramos precisó que estos rastrillajes se realizaron desde el 18 de julio al 22 de agosto, en municipios como Coripata, Charaña, Chulumani, Desaguadero, Teoponte, Apolo, Pelechuco, Tipuani, entre otros.

La Gobernación de Chuquisaca informó que está implementando el laboratorio PCR más moderno de Bolivia, que cuenta con un robot de extracción que automatiza el proceso de extracción de la muestra optimizando el tiempo de este proceso.

Según nota de prensa de la entidad, dicho laboratorio tiene la capacidad de extraer 32 muestras en 28 minutos, lo cual supera a todos los laboratorios del país. 

El fiscal Fernando Atanasio informó este martes que los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López ya prestaron su declaración en la investigación por el caso gases lacrimógenas, en el cual se indaga presuntas irregularidades en la compra de los agentes químicos.

La autoridad del Ministerio Público indicó que para tomar las declaraciones hubo demora, por lo cual se coordinó constituirse a donde estaban los ministros para tomar su testimonio.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que desde el miércoles se habilitará la línea gratuita 800 13 5556, para que las familias que tengan un enfermo puedan llamar y solicitar el servicio gratuito de delivery de medicamentos.

“800 13 5556, ese es el número al que va a poder llamar la gente desde el día de mañana (miércoles), el día jueves, por supuesto del día viernes para que podamos enviarles este delivery gratuito de medicamentos”, dijo el burgomaestre.

La Red Eclesial de la Amazonía Boliviana (REPAM Bolivia), dirigida por los obispos de esta región, instó este martes a los órganos Legislativo y Ejecutivo a anular las normas que promueven los incendios forestales, al tiempo que celebraron la reciente sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TDN) que declaró como “ecocidio” a la devastación de los fuegos del pasado año.