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El vocero presidencial José Luis Galvez aseguró que el consultor internacional Fernando Cerimedo nunca formalizó una relación de asesoría con el Gobierno ni recibió remuneración o beneficios provenientes de recursos del Estado.

“Entonces, al final no se da una formalización, una remuneración, no hay una remuneración por parte del Estado, y por lo tanto eso lo que tendrá que la justicia preguntarle y él tendrá que responder en el fondo cuál era su sustento”, dijo Galvez en La Mañana en Directo de ERBOL.

En medio de protestas y pedidos de abrogación del Decreto Supremo 5676, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la norma puede ser mejorada, pero no revertida. El decreto fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores.

“El decreto (5676) se puede mejorar, pero no se puede retroceder. Porque si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes.”, sostuvo Paz durante una reunión con representantes municipales, al referirse a los pedidos para dejar sin efecto la norma.

ENTEL participa en el encuentro Blockchain 2040, como empresa de telecomunicaciones encargada de aportar infraestructura de conectividad y soluciones de ciberseguridad para el desarrollo de servicios vinculados con blockchain, criptoactivos y nuevas tecnologías financieras.

El Gobierno y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) acordaron instalar mesas técnicas para trabajar los seis puntos planteados por los municipios y avanzar en la agenda 50/50, con el objetivo de que la propuesta tenga una primera expresión en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó públicamente su compromiso de “inundar” el departamento con combustible.

El pronunciamiento surge cuando han surgido sectores productivos que denuncian la escasez de diésel, además que rechazan el incremento a Bs 18 por litro que dispuso el Gobierno para grandes consumidores.

“Estamos trabajando intensamente y puedo asegurarles que, en las próximas semanas, vamos a inundar el departamento de Santa Cruz con diésel y gasolina”, sostuvo el gobernador mediante redes sociales

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, mientras el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la norma es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El asesor político Fernando Cerimedo difundió un pronunciamiento, a través del cual ratifica la versión del presidente Rodrigo Paz de que no tuvo autorización de actuar a nombre de la familia del primer mandatario. Asimismo, aseguró que no incurrió en ningún “negociado”.

Cerimedo se pronunció después de que el presidente Paz aseveró que el asesor no tenía autorización para hablar a nombre de la Presidencia, Gobierno o su familia.

La Aduana Nacional presentó oficialmente un nuevo ecosistema digital integrado por tres herramientas tecnológicas: la pantalla interactiva RecaudoMETRO, el buscador inteligente AranBUS y el aplicativo móvil MI ADUANA, como parte de un proceso de modernización orientado al autoservicio, la descentralización y la transparencia.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, destacó el alcance de la iniciativa y afirmó que las nuevas herramientas permitirán simplificar trámites y agilizar la economía formal.

Radio Patujú

Un operativo para desbloquear la ruta Trinidad-Santa Cruz comenzó alrededor de las dos de la tarde este jueves, en puente San Pablo, a unos 140 kilómetros al este de la capital del Beni.

El operativo fue ejecutado por policías, utilizando equipo antimotines y armamento no letal, reforzados por las Fuerzas Armadas. Tras una primera intervención, varios vehículos con carga lograron pasar el bloqueo.

El Tribunal de Justicia Indígena (TJI), instancia jurídica que forma parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), reconocida por la Constitución Política de Estado, exigió la paralización de las actividades mineras auríferas ilegales en la Amazonía boliviana por la creciente y descontrolada contaminación con mercurio, utilizado en la explotación de oro en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, y que ocasiona un daño irreversible en la salud de los pueblos indígenas.