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El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó durante su interpelación que ha solicitado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que haga una auditoria a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para identificar irregularidades, tras el accidente del avión de LaMia en Colombia.
La autoridad explicó que la intención de esta auditoría es que un organismo internacional e imparcial identifique si hubo vulneraciones a la norma, y no se tomen en cuenta los rumores de Facebook.
La interpelación fue realizada después a propósito del siniestro que se produjo en Colombia con el avión 2933 de LaMia y que provocó la muerte de 71 personas.
Claros señaló también que en diciembre de años pasado se revocó la licencia de operaciones de LaMia, por lo cual esta empresa no podrá volar más.
Después de la tragedia, las investigaciones demostraron irregularidades en la tramitación de licencia de LaMia y en la autorización de vuelo para el viaje del club de fútbol Chapecoense desde Santa Cruz hacia Medellín.
Respecto a este tema, el Ministro de Obras indicó que se ha iniciado procesos penales a nueve persones, entre ellas funcionarios de la DGAC y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxliares a la Navegación Aérea (AASANA), por supuestos ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Los procesados son: Gustavo Vargas Gamboa, representante legal de LaMia; Marco Antonio Rocha, uno de los dueños de la aerolínea; Celia Castedo, exfuncionaria de AASANA de quien dijo que incumplió deberes al permitir el vuelo a Colombia.
También fueron incluidos los exfuncionarios: Joons Teodovich Ponce, Tito Gandarillas, Virgilio Pereira, César Varela y Gustavo Vargas Villegas, hijo del represente legal de LaMia.
A ellos se sumó Marcelo Chávez Sierra, por incumplir con entregar información a autoridades colombianas que investigan este caso.
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