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Las autoridades de la etnia Guna, una de las más grandes de Panamá, pidieron al Gobierno del país desalojar varias oficinas públicas que se encuentran en su territorio porque, en su opinión, están violando las reglas de la comarca y asumiendo la gestión del turismo.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Servicio Nacional de Migración (SNM) "tienen que desocupar las oficinas de Puerto Obaldía y de la isla de Gaigirgordub en siete días y dejarlas vacías a partir del 23 de abril", afirmó a Efe Maximiliano Ferrer, uno de los tres líderes o sagladummad del Congreso General Guna, la máxima autoridad política de esta etnia.
Según Ferrer, las dos agencias gubernamentales "están enredando las reglas gunas y atentando contra nuestras leyes" porque "no les exigen a los turistas ni a los navegantes de barcos el pago de los respectivos impuestos".
La decisión fue comunicada por el Congreso General Guna a través de dos cartas enviadas a la AMP y al SNM, en las que no solo se solicita el desalojo de las oficinas sino que también se asegura la ruptura de relaciones con el Gobierno.
El dirigente indígena, sin embargo, reconoció que las misivas estaban "mal redactadas" y que las autoridades gunas no tienen intención de romper relaciones con la Administración central.
"No hemos roto relaciones, simplemente la carta estaba mal escrita", admitió Ferrer.
El Viceministerio de Asuntos Indígenas de Panamá, por su parte, declinó hacer declaraciones a Efe porque aún no ha recibido ninguna "notificación formal" de las autoridades gunas.
Guna Yala es una de las cuatro comarcas indígenas reconocidas por el Estado panameño, un territorio que hace frontera con Colombia y que es especialmente famoso por el archipiélago de San Blas, un conjunto de 365 islas paradisiacas de aguas cristalinas y arena blanca que cada año atrae a miles de turistas de todo el mundo.
El Congreso General Guna es el responsable de administrar política y económicamente el territorio y la única autoridad que puede expedir permisos para desarrollar negocios turísticos en la comarca y cobrar impuestos a los turistas que ingresen en ella.
"El Gobierno no quiere reconocer las autonomías indígenas. La autonomía no significa crear una República dentro de otra, sino respetar la identidad y la costumbre de un pueblo", reivindicó Ferrer.
En los últimos meses, medios locales han informado de varios altercados violentos que han protagonizado los indígenas con turistas extranjeros que se negaban a pagar las tasas correspondientes. Los gunas exigen entre 5 y 20 dólares por entrar a la comarca y entre 2 y 3 dólares por cada isla que se visita.
"Los turistas tienen que pagar por usar nuestras playas y nuestro mar. Está en nuestros estatutos", indicó este lunes a Efe el líder indígena. (EFE)
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